El reglamento establece el nuevo marco por el que serán tramitadas las denuncias que hubiera contra los magistrados, a fin de determinar si corresponde una mera sanción disciplinaria o suspender al investigado y someterlo a un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Nuevos plazos
Las denuncias que no fueran rechazadas por improcedentes serán asignadas -por sorteo- a uno de los nueve miembros de la comisión, para que actúe como informante (antes se lo llamaba instructor) y para que recolecte elementos de prueba. La investigación preliminar será clausurada a los seis meses, plazo que podrá ser prorrogado por igual período cuando las circunstancias lo exigieran.
Si hubiera motivos para entender que el magistrado incurrió en alguna irregularidad se lo citará para que comparezca ante la comisión personalmente o por escrito, oportunidad en que podrá pedir nuevas de prueba y, en este caso, se le concederá tres días para que alegue por escrito respecto de ellas.
Luego, en un plazo de 20 días el consejero informante deberá elaborar un proyecto de dictamen para ponerlo a consideración del plenario del Consejo (tiene 13 miembros). Podrá sugerir que la denuncia sea desestimada, una sanción disciplinaria para el magistrado o que se lo someta a un proceso de remoción.
En cuanto al reglamento general, este prevé ahora dos nuevas secretarías (de la presidencia y de la vicepresidente del Consejo, a cargo del diputado Carlos Kunkel).
