La reunión duró casi una hora y media. Por momentos, hubo discusiones subidas de tono, ya que los legisladores le reclamaron por qué razón no recurrió al concurso de antecedentes para designar al personal. El interventor del Epret, Augusto Contreras, se llevó un sofocón ayer de la Legislatura, al tratar de explicar los nombramientos y los ascensos de empleados en el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán.
Los legisladores de la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor Alejandro Sangenis (MP3), José Cano (UCR), Rolando Alfaro, Alberto Leal y Juan Eduardo Rojas (PJ) interrogaron al funcionario sobre las denuncias de favoritismo para determinados grupos sindicales.
“Entre los empleados hay dos sectores, a los que es imposible poner de acuerdo”, afirmó Contreras tras la reunión con los legisladores. Sin embargo, el funcionario remarcó que el organismo no tuvo parálisis en su actividad a pesar del incidente, con golpes de puño, que protagonizaron -hace una semana-algunos empleados. “No hubo un sólo día de paro”, dijo.
El legislador Cano detalló que el funcionario admitió, durante la reunión, que firmó 15 recategorizaciones de un lado y 17 del otro. “Además reconoció que cobró unos $ 24.000 en concepto de viáticos retroactivos que se le adeudaban”, precisó.
El legislador Sangenis, por su parte, definió como un “toma y daca” las designaciones que firmó Contreras. Además aseguró que el interventor no dio respuestas claras. “Fue balbuceante y no aportó claridad alguna. El lenguaje fue siempre el mismo: ‘no sé’, ‘no conozco’. Me da la impresión de que el Epret se ha convertido en el virreynato de la empresa prestataria y de las autoridades políticas de turno”, opinó Sangenis, que habría hecho notar que Contreras firmó contratos con familiares directos de funcionarios del Gobierno.
Los legisladores de la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor Alejandro Sangenis (MP3), José Cano (UCR), Rolando Alfaro, Alberto Leal y Juan Eduardo Rojas (PJ) interrogaron al funcionario sobre las denuncias de favoritismo para determinados grupos sindicales.
“Entre los empleados hay dos sectores, a los que es imposible poner de acuerdo”, afirmó Contreras tras la reunión con los legisladores. Sin embargo, el funcionario remarcó que el organismo no tuvo parálisis en su actividad a pesar del incidente, con golpes de puño, que protagonizaron -hace una semana-algunos empleados. “No hubo un sólo día de paro”, dijo.
El legislador Cano detalló que el funcionario admitió, durante la reunión, que firmó 15 recategorizaciones de un lado y 17 del otro. “Además reconoció que cobró unos $ 24.000 en concepto de viáticos retroactivos que se le adeudaban”, precisó.
El legislador Sangenis, por su parte, definió como un “toma y daca” las designaciones que firmó Contreras. Además aseguró que el interventor no dio respuestas claras. “Fue balbuceante y no aportó claridad alguna. El lenguaje fue siempre el mismo: ‘no sé’, ‘no conozco’. Me da la impresión de que el Epret se ha convertido en el virreynato de la empresa prestataria y de las autoridades políticas de turno”, opinó Sangenis, que habría hecho notar que Contreras firmó contratos con familiares directos de funcionarios del Gobierno.







