El 24, Bussi seguirá preso en el ex Arsenal

El sábado, cuando se cumplan 31 años desde que asumió el mandato de facto de Tucumán (el 24 de marzo de 1976), el ex gobernador Antonio Domingo Bussi seguirá detenido en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de autorizar su traslado a un domicilio particular (donde seguiría en condición de prisión preventiva) no se hará efectiva hasta tanto la Cámara de Casación Penal de la Nación no se pronuncie sobre el recurso de queja interpuesto contra el rechazo a la apelación de esa medida. El trámite todavía demoraría varios meses.
Mientras se resuelve su sitio de alojamiento, en el Juzgado Federal Nº1 (ejercido por el renunciante Jorge Parache) se avanza en la determinación de un nuevo cronograma de audiencias, a pedido del fiscal federal Emilio Ferrer, para que Bussi sea indagado sobre numerosas causas por secuestros, desapariciones, tormentos y homicidios. Hasta el momento, Bussi está procesado en una docena de expedientes, y todos apelados por su defensa.
Las nuevas fechas de indagatorias se dispondrían a partir de mayo. Antes, el ex mandatario tiene un dictamen médico a favor, que dispone que no está en condiciones de concurrir ante el tribunal. La opinión fue firmada por el doctor Julio César Picón, director del Centro de Reconocimiento Médico de Tucumán (dependencia oficial), que revisó al militar el 6 de este mes y desaconsejó cualquier audiencia por 45 días, vencido los cuales sugirió otra pericia médica.
Picón indicó que, al momento de la revisación, Bussi presentaba mareos, síndrome vertiginoso de mediana intensidad y fibrilación auricular crónica. Dijo que estaba medicado en forma permanente. Su desplazamiento locomotor era lento y con ayuda de terceros, y su psiquismo estaba aletargado, aunque dentro de límites aceptables.

Escenario cambiante
La dimisión de Parache acarrearía el inconveniente de lentificar más aún la marcha de las causas, ya que se genera incertidumbre sobre si participará de las audiencias o pedirá licencia hasta que se efectivice su alejamiento.
En ese caso, si la Cámara Federal de Apelaciones no designa un magistrado reemplazante en forma especial, se acumularían todos los expedientes en manos del juez federal subrogante 2, Mario Racedo, que se excusa en algunos casos por su vínculo con ciertos denunciantes.
En el despacho de Racedo se tramitan dos causas fundamentales: los posibles enterramientos clandestinos de desaparecidos en el llamado Pozo de Vargas y en predios del ex Arsenal, donde funcionó un centro clandestino de detención.
En la primera pesquisa, los trabajos están paralizados desde hace meses, ya que se debe instalar un ascensor (personal y de carga) para poder seguir cavando. La licitación para la compra está tramitándose en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y costaría unos $ 50.000. Se llegó a una profundidad de 25 metros (con la ayuda de bombas de extracción del agua), y se encontraron más restos óseos, que todavía no están identificados. En el ex Arsenal hay un terreno señalizado y con custodia de la Policía Federal, donde supuestamente hay cuerpos enterrados.


Desde hoy distintas entidades realizarán diversas ceremonias para repudiar el último golpe militar, perpetrado el 24 de marzo de 1976.
El Colegio de Abogados, hoy a las 12, realizará un acto en su sede de Crisóstomo Alvarez 450, en homenaje a los abogados desaparecidos durante la última dictadura y en repudio al terrorismo de Estado. La celebración contará con la presencia del abogado español Enrique Santiago y de la doctora Teresita Terraf.
También hoy, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) realizará un acto por los 31 años de la desaparición de Atilio Rosario Santillán, líder del gremio de los azucareros, desaparecido durante el golpe militar del 1976. Se realizará a las 11 en el salón de actos "Coronel Perón", en Congreso 402, donde hablará el vicegobernador Fernando Juri.
Mañana y hasta el domingo continuarán los actos en la capital y en el interior de la provincia.