La Nación auditará el reparto de módulos alimentarios

La entrega de módulos alimentarios a unas 110.000 familias con alta vulnerabilidad social será auditada por el Tribunal de Cuentas, a partir de un pedido de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
El programa anual de fiscalización de la Red Federal de Control Público, que conforman los organismos de control provinciales y preside la Sigen, quedó establecido en una reunión mantenida por los miembros del secretariado permanente de Tribunales de Cuentas, que se realizó en Mar del Plata.
Allí, según explicó el presidente del organismo de control provincial y vicepresidente primero de la entidad nacional, Miguel Chaibén Terraf, se acordó la práctica de cuatro auditorías sobre programas financiados por la Nación en Tucumán, a lo largo del año en curso.
La primera de ellas, según explicó, debe estar concluida el 31 de mayo y pone en observación uno de los puntos más sensibles del Gobierno provincial: el desarrollo social. En efecto, los contadores fiscales del TC pondrán la lupa en los próximos dos meses sobre la aplicación del Programa de Atención a Familias Críticas. El plan consiste en la entrega de módulos alimentarios a hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad social con menores a cargo de hasta 14 años, embarazadas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores que se encuentren bajo la línea de la indigencia.
El organismo de control deberá cotejar los padrones de beneficiarios elaborados por la Provincia, los municipios y las comunas rurales; que totalizan alrededor de 110.000 familias. "Controlamos desde el momento de la compra hasta que la mercadería llega al beneficiario", explicó Terraf.
LA GACETA, en julio de 2006, ya había alertado respecto de las irregularidades detectadas por una auditoría en la ejecución del Programa de Rehabilitación Nutricional. Por este plan, el PE recibe mensualmente 36.000 módulos alimentarios para asistir a menores de 14 años desnutridos y a madres embarazadas con bajo peso. A lo largo del año pasado, el TC había puesto en marcha seis auditorías sobre el manejo de fondos nacionales, mientras que otras ocho quedaron a cargo de la Dirección de Auditoría de la Provincia.
Además de la fiscalización de ese plan alimentario nacional, el Tribunal de Cuentas auditará durante el primer semestre de este año la aplicación de un programa de capacitación para desocupados y beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Cabe recordar que una de las principales objeciones del TC a la ejecución del Plan Componentes Materiales, auditado durante la segunda mitad de 2006, fue la escasa participación de los desocupados en el desarrollo de actividades que fortalecieran sus capacidades laborales: menos del 50% de los inscriptos prestó servicios. En tanto, para el segundo semestre del corriente año, el organismo de control externo evaluará cómo la Provincia distribuyó los fondos enviados por el poder central para la entrega de becas estudiantiles y para el pago del Incentivo Docente a los educadores.