Un especialista critica la falta de avances en la Justicia Federal

El Gobierno español espera la respuesta de su par argentino sobre el pedido de extradición efectuado en enero para 40 militares y policías retirados, acusados de graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70. Diez de ellos actuaron en Tucumán durante el Gobierno de facto, afirmó el abogado Enrique Santiago y Romero: el planteo alcanza a Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Albino Mario Zimmermman, Roberto Albornoz, Augusto Neme, Ricardo Risso Avellaneda, Alberto Luis Cattáneo, Humberto Santiago, Luis Santiago Martella y José Antonio Vaquero, mientras que sigue vigente la orden de detención internacional sobre el prófugo Antonio Arrechea.
Santiago y Romero está especializado en legislación sobre derechos humanos y está vinculado a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Visita la provincia para dictar un curso y una conferencia sobre la lucha contra la impunidad, en el marco de la Semana de la Memoria, que concluirá el sábado, cuando se cumplan 31 años del golpe de Estado.
"Se pudo reactivar las peticiones de extradición contra represores que tuvieron un peso muy importante. En España hay un mayor progreso que en los tribunales locales de la causa Tucumán y de otros juicios; hasta llegó a la condena de Adolfo Scillingo, y hay suficientes motivos para que los acusados sean trasladados. Cinco están detenidos, y otros tienen pedido de detención", describió.
El abogado manifestó su preocupación sobre el funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, y la acusó de paralizar los procedimientos y hasta el quehacer de las cámaras federales de las provincias. Admitió que existe "una fuerte preocupación sobre la acción de ese tribunal, que no emite ninguna resolución y frena todo trámite". "La Justicia debe garantizar la efectiva puesta a disposición y enjuiciamiento de los responsables de los hechos aberrantes. Cuando aparecen mecanismos que impiden el castigo efectivo, no quedan dudas de que España pasa a ser competente de forma prioritaria para juzgar a los acusados", dijo.
"La normativa internacional considera que hay actuaciones judiciales que son maniobras dilatorias, con las que busca la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Este argumento jurídico permitiría que España consiga las extradiciones", advirtió.
Santiago y Romero resaltó la preocupación ante el vencimiento de plazos de las prisiones preventivas y detenciones, algunas de las cuales están próximas a cumplir tres años; por las resoluciones judiciales que disponen prisiones atenuadas o domiciliarias sin medidas de control, que permiten de facto la libertad de los detenidos y les da la posibilidad de dilatar la instrucción, ocultar o destruir pruebas o sustraerse a la acción de la Justicia; por la imposibilidad de llevar a juzgamiento real y efectivo a los acusados y por la eventualidad de que fallezcan antes de recibir una condena.