Por contratos, la Justicia pidió datos a Mansilla

El fiscal Herrera quiere que el coordinador con Municipios y Comunas explique por qué remitió documentación con irregularidades. Un expediente sobre las contrataciones de la delegación rural tiene páginas numeradas hasta tres veces. El comisionado Pino dijo que no le consta que hayan atacado a Nélida López en un acto.

DOBLE Y TRIPLE FOLIACION. Facsímil de los documentos enviados desde el Ejecutivo, que motivaron un pedido de informes del Poder Judicial.
DOBLE Y TRIPLE FOLIACION. Facsímil de los documentos enviados desde el Ejecutivo, que motivaron un pedido de informes del Poder Judicial.
Por Redacción Política 21 Marzo 2007
Las contrataciones presuntamente irregulares en El Chañar, por las que aún permanece detenido el ex comisionado Enrique Ignacio Robles, comenzaron a complicar a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas. Como se recordará, vecinos de esa delegación rural denunciaron que cobraban en negro cifras ínfimas, mientras -sin saberlo- estaban contratados por salarios varias veces superiores a lo que en verdad recibían.
En el marco de esa causa, la Fiscalía en lo Penal de Instrucción de la X Nominación, a cargo de Guillermo Herrera, le requirió a la Secretaría de Coordinación que le remita la documentación sobre las contrataciones efectuadas en esa comuna del este provincial. "Pero los documentos presentan numerosas irregularidades", cuestionó Gustavo Morales, el abogado que patrocina a los denunciantes.
De hecho, una presentación efectuada por el ex empleado comunal Ramón Antonio Ablanedo da cuenta de que el expediente administrativo remitido por la oficina de Mansilla presenta numerosas páginas con doble y hasta con triple foliación; es decir que las páginas presentan una numeración, que luego es tachada y enmendada. Además, la documentación, impresa por computadora, aparece corregida en las fechas, en el número de las resoluciones y hasta en el DNI de los contratados. Sobre ellas, aparecen datos puestos con máquina de escribir.
Fuente judiciales confirmaron a LA GACETA que, frente a esta situación, la Fiscalía X remitió un pedido de informes a la Secretaría de Coordinación, para que detalle las razones por las que la documentación fue presentada de esa manera.
"La situación procesal de Robles quedó aún más comprometida con la documentación (remitida desde el Ejecutivo)", afirma una presentación efectuada por Ablanedo, Juan Carlos González y Domingo Ceferino Escobar.
Los tres vecinos de El Chañar denunciaron no saber que estaban contratados y que recibían mensualmente $ 150, en negro, y sin boleta de sueldo. Todos figuran en la resolución 64/06, dictada en la comuna el 3 de febrero de 2006, como personal contratado con categoría 15, hasta julio de ese año. González y Escobar aparecen luego en la resolución 316/06, con sus contratos renovados hasta fines del año pasado. Finalmente, en la resolución 3/07, el último de ellos aparece nuevamente recontratado, con una designación vigente hasta el próximo 30 de junio.
En la resolución 3/07 figuran, también designadas con categoría 15, María Esther Torres y Paola Torres, respectivamente, esposa y cuñada de Robles. En el escrito, los vecinos aseguran que las hermanas no prestan servicios en la intervenida comuna.

En Ranchillos niegan agresión a una legisladora
El comisionado comunal de Ranchillos, Antonio Pino, aseguró ayer que no le consta que haya habido un incidente en contra de la legisladora Nélida López. Además, resaltó que la parlamentaria participó, el domingo, en el acto de asunción del nuevo párroco de esa localidad, Eduardo Gallardo y que nada le comentó sobre la supuesta agresión."Recibí golpes, maltrato y agresiones de todo tipo", había denunciado López. Inclusive señaló a Jorge Valdez y a Nilda Avila (empleados de la comuna), como los autores de la agresión física.
Pino, por su parte, ayer envió una misiva al vicegobernador Fernando Juri ante la posibilidad de ser citado a la Cámara brindar explicaciones sobre el caso. "Las funciones policiales se encuentran reservadas al comisario -precisó-; debo poner de manifiesto que los posibles hechos sucedidos, en el caso de que estos fueran ciertos, ocurrieron un domingo, por lo cual no puedo hacerme responsable de las faltas o delitos que pudieran cometer empleados de la comuna, pero recalco que no me constan", detalló.
El comisionado también explicó que ha consultado a unas 20 personas y que le dijeron que no vieron ninguna agresión. Además, Pino anunció a Juri -a través de la misiva- que está dispuesto a concurrir a la Legislatura para deslindar cualquier responsabilidad sobre el caso.En la Cámara, mientras tanto, está pendiente de decisión el pedido de legisladores de la oposición para que se cite al comisionado Pino a explicar lo sucedido.

Aclaración de la comisionada y del habilitado de Anca Juli
"Hace 31 años que estoy casada con Mario Héctor Soria", dijo ayer a LA GACETA la comisionada rural de Anca Juli, Silvia Zulema Chiarello, para aclarar que no tiene ninguna vinculación familiar con el habilitado de esa comuna, Arturo Arroyo. Chiarello, junto con su marido y con Arroyo, visitó ayer nuestro diario para precisar la información ya que les generó inconvenientes en el lugar de trabajo. "Esto afecta a mi familia, que está constituida por mi esposo y mis cuatro hijos", añadió la delegada comunal. De la misma forma se manifestó el habilitado, que especificó que hace 12 años que es empleado de la comuna. "En el medio están nuestras familias", dijo. Los funcionarios aprovecharon la ocasión para indicar que las cuentas y toda la documentación de la comuna están al día.

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