La Cámara se alista para pelear en Tribunales

La Legislatura se prepara para enfrentar la judicialización de las leyes que volvió a aprobar el pasado 12, y por las que se ha desatado una polémica con el Ejecutivo. Se trata de cinco normas sancionadas el 12 de febrero, y vetadas ese mes. (Ver "Textos...")
El artículo 75 de la Constitución provincial es el eje del debate. Fija que, si un proyecto es vetado, puede ser aprobado otra vez "al año siguiente" con un mínimo de 21 votos. En ese caso, el Ejecutivo está obligado a promulgarlo. Precisamente, el jurismo (junto con la oposición), ratificó las leyes con entre 21 y 23 votos. Sostiene que la expresión "al año siguiente" refiere al "año legislativo", que empezó el 1 de marzo, o sea, después de aplicarse los vetos.
El alperovichismo, en cambio, interpreta que la referencia "al año siguiente" tiene que ver con el "año calendario". Y entiende que deben aplicarse los supuestos del artículo 74: cuando un proyecto es vetado, la Cámara debe insistirlo con los dos tercios de los votos (27 legisladores).
En este contexto, la ley 6.846 (Ley de Caducidad), es uno de los elementos centrales que esgrimirá la Cámara para defender la validez de las leyes que aprobó otra vez. Su artículo segundo fija que los proyectos de ley vetados y no insistidos, se tendrán por caducados el día en que comienzan las sesiones ordinarias "del año parlamentario siguiente al de aquel en que se produjo el veto".
"Esta ley, vigente en la provincia, que el error, en realidad, hubiera sido reunir 27 votos e insistir las leyes en los términos del artículo 74 de la Carta Magna. Nos hubiéramos equivocado porque los proyectos vetados en febrero, estaban caducos el 1 de marzo, cuando empezó el ciclo de sesiones ordinarias y, con ello, el año parlamentario 2007", precisó Ernesto Padilla (FR).

Obligación constitucional
"La ley 6.846 fue sancionada durante la gobernación de Antonio Bussi. El gobernador (José Alperovich) lo sabe, porque era legislador de la UCR. Sin embargo, ignoran esta norma", aseveró.
A partir de esta norma (es reglamentaria de la sanción de leyes pautada por la Carta Magna), Padilla manifiesta que está claro que la Constitución habla de "año legislativo" cuando habla de leyes. "No se trata de ninguna originalidad tucumana: la ley nacional de caducidad de proyectos dice lo mismo. Y, en rigor, lo pautan así la mayoría de las constituciones modernas: desde la de Paraguay hasta la de Dinamarca", precisó.
"El artículo 75 tiene dos particularidades clave -explicó Padilla-. Primero, faculta a la cámara sancionar el mismo texto vetado. Y, luego, obliga al Ejecutivo a promulgarla. La inobservancia de esta imposición constitucional trae aparejado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario. Alperovich está obligado a promulgar las cinco leyes. Cualquier conducta distinta a la que señala imperativamente la Carta Magna, habilitará la denuncia penal, y el análisis de su conducta a la luz del procedimiento de juicio político", advirtió.


El legislador Rodolfo Ocaranza (PJ) cuestionó la posibilidad de que se judicialicen las polémicas normas sancionadas otra vez por juristas y opositores, quienes aseveran que están vigentes, y que en el Gobierno aseguran que no contaron con los votos exigidos para su aprobación definitiva.
Resaltó que hay antecedentes de legislación comparada (internacional, nacional y provincial) y jurisprudencial que avalan su criterio de que la referencia constitucional al "año siguiente" refiere al año parlamentario y no calendario. Por ello, la mayoría de 21 votos es suficiente, y no se requieren 27 votos, como exige el PE.

"Sólo para dilatar"
"Si alguien va a la Justicia, sería abrir un proceso sólo para dilatar las soluciones que dictó la Cámara en distintos temas. Hemos elegido el camino del cumplimiento de la Constitución provincial, y es el que vamos a sostener hasta el final", planteó, en referencia a las normas sobre el reconocimiento del 82% móvil a los haberes de los jubilados; la Autarquía Financiera; el régimen electoral y de funcionamiento de los partidos políticos; y la normalización de los entes estatales intervenidos.
Ocaranza reconoció la fractura de hecho de la bancada parlamentaria que conduce, pero aclaró que no se formalizó el nacimiento de un bloque alperovichista. Explicó que no hubo reunión previa a la última sesión, porque los temas que se trataron ya habían sido analizados antes del encuentro del 12 de febrero y se conocían los criterios de cada legislador.