La integración de la comisión antimafia reclamó un ex juez

Lobo Aragón recordó la creación del cuerpo y afirmó que serviría para recibir denuncias y enviarlas a la Justicia. Además agregó que permitiría investigar el manejo de fondos públicos.

Por Redacción Política 19 Marzo 2007
“Se tiene la sospecha, y en algunos casos hasta la certeza, de que hay organizaciones poderosas que violan normas fundamentales en la vida civilizada; es el caos evidente de algunas mafias en Tucumán y en el orden nacional, sin que los culpables reciban la correspondiente sanción”. Así se expresó el ex ministro de Seguridad de la provincia Javier Lobo Aragón, al recordar que se creó una comisión antimafia en Tucumán, pero que nunca fue integrada.
Lobo Aragón señaló que existen muchas formas de desorden que implican inseguridad y que, en ese marco, los ciudadanos esperan gozar de una vida tranquila en la que impere la justicia. “Tiene que causar desazón ver que el ciudadano común se ve obligado a cumplir normas y que es sancionado si las viola, como la simple de respetar los semáforos”, agregó al apuntar la presencia de mafias. “El honesto ciudadano común se siente desprotegido, ya que comete un error y se lo sanciona, y otros cometen atrocidades y no pasa nada; eso no puede ser”, subrayó.
El ex juez opino que, por eso, es necesaria la vigilancia policial. “Esto será -opinó- el asunto más delicado de la comisión antimafia, porque todos queremos desterrar las mafias, pero también debemos aceptar los medios idóneos para la prevención del delito”. Al respecto recordó que la OEA indicó que combatir la corrupción y quitar la raíz de la impunidad son responsabilidades estatales.
Lobo Aragón apuntó que esta comisión debe investigar el manejo irregular de los fondos públicos, el instituto provincial de acción cooperativa, las irregularidades en la dirección de Transporte, las licuaciones públicas y privadas y los fraudes en todo el ámbito de la administración pública. También sugiere que debe conocer el estado de las causas judiciales, recibir denuncias y enviarlas a la Justicia, e investigar lo que suceda en la provincia con trascendencia económica, entre otras actividades.









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