La polémica toma el camino hacia la Corte

Todos los caminos conducen a la Justicia en la polémica generada por la nueva sanción de cinco leyes vetadas, ocurrida en la sesión del lunes pasado. Como en los tiempos de la Roma imperial, cualquier ruta que se siga parece tener el mismo destino, que en este caso, es la Corte Suprema de la Provincia.
En juego están las normas que disponen el reconocimiento del 82% móvil a los haberes de los jubilados transferidos; el nuevo sistema de Autarquía Financiera para los poderes del Estado; los cambios al régimen electoral y de funcionamiento de los partidos políticos (voto electrónico, limitación al sistema de acople y penalización de la entrega de dádivas en época electoral) y la normalización perentoria de los entes estatales intervenidos. El eje de la pelea es el alcance de las palabras de la Constitución provincial cuando habla de "año siguiente" (la pelea es si debe interpretarse como año parlamentario o año calendario) y, a partir de él, la mayoría necesaria para poner en vigencia las leyes.
La estrategia de judicializar el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura está presente desde antes de la sesión parlamentaria, y es estudiada por todos los actores comprometidos en esta historia. Las últimas novedades surgidas desde Casa de Gobierno inclinarían la balanza por devolver las normas aprobadas a la Cámara, con o sin un veto explícito, aunque siempre en abierto rechazo a su puesta en vigencia; pero habría perdido fuerza la idea de acudir a la Justicia para que se pronuncie sobre este asunto.

Interesados directos
Lejos de dejar en un limbo la situación, el paso de los 10 días hábiles fijados en la Constitución provincial para que el PE se pronuncie (el plazo corre desde el miércoles pasado) permitirá a los otros protagonistas definir sus propias acciones futuras. A partir de que el Gobierno haga su próxima movida, se abrirá un abanico distinto de reacciones, que incluso permitirá sumar nuevas voces al debate, centrado hasta el momento en la disputa entre el gobernador José Alperovich y su vice, Fernando Juri.
El primer tema por resolver, si el PE no incurre en la vía judicial o no acepta la sanción de las leyes, es quién está legitimado para interponer una acción en los tribunales, según el afectado directo. En el caso de la ley de la autarquía financiera, podrían actuar los representantes de la Legislatura y del mismo Poder Judicial, ya que a ellos alcanza la norma; en la de mejora jubilatoria, los pasivos provinciales; en las electorales, cualquier ciudadano en tanto votante o un afiliado o autoridad de un partido político y en la normalización de los entes intervenidos, cualquier persona que alegue un interés directo (por ejemplo, un afiliado al IPSS).

Pauta procesal
En cambio, más sencillo es determinar la ruta que seguirá un posible expediente judicial. Casi no hay discusión de que será tratado directamente por el máximo tribunal provincial, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional: "cuando se trate de actos lesivos que emanen de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Cámaras de Apelaciones y Cámaras de Instancia Unica, tiene competencia exclusiva para entender en la petición la Corte Suprema de Justicia".
Ese mismo Código es el que dispone que, en caso de disputa acerca de un decreto o resolución del PE (como, por ejemplo, la que limitó el envío de fondos a los otros poderes del Estado), debe entender la Cámara en lo Contencioso Administrativo.