Dato: "la disputa política no afecta a la Justicia"

Ayer a la tarde, cuando charló con LA GACETA, Alfredo Carlos Dato ya estaba más tranquilo. Su voz no trasuntaba la alegría que horas antes había demostrado cuando fue reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia para el bienio 2007-2009 (también lo había sido en el período 1999-2001). Por el contrario, minimizó la relevancia del cargo e insistió en todo momento en que el titular del cuerpo tiene la misma importancia que los otros cuatro vocales.
“Definitivamente, dejamos atrás el proceso cultural que venía desde la Constitución de 1907, según el cual el presidente tenía más relevancia que los otros miembros. El gobierno de la Corte es auténticamente colegiado. El presidente sólo tiene atribuciones protocolares y la firma de despacho. Además, los actos que, en determinadas circunstancias debe tomar de  urgencia, son ad referendo de los otros integrantes del cuerpo”, precisó el magistrado.
Luego, como al pasar, deslizó una definición que allanó un rico diálogo sobre la realidad de la provincia. “El ingrediente que, probablemente, hace que el cargo (presidente de la Corte) tenga una función exclusiva y excluyente es el hecho de que integra la Junta Electoral (junto al vicegobernador y al fiscal de Estado) en un año electoral. Algunos piensan que esto es decisivo, pero yo no creo que sea para tanto”, argumentó.
 El diálogo con el presidente de la Corte fue el siguente:

-¿Cómo afecta al Poder Judicial la disputa entre el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri?
-No hemos sufrido ni advertido que esta disputa, que se trasladó al campo de lo electoral, afecte en modo alguno el funcionamiento del Poder Judicial. Si bien no creemos que la judicialización de las cuestiones políticas constituya un esquema ideal, no dudo de que la Justicia estará a la altura de lo que las circunstancias exijan.
 
-Los poderes políticos, ¿respetan al Judicial?
-No tuvimos ninguna dificultad y las decisiones que adoptamos fueron estrictamente cumplidas por los otros dos poderes.
 
-¿Y qué opina de que haya días en que pareciera que el gobernador y el vice literalmente se tiran los trastos por la cabeza, como suele decirse?
-Frente a esta pregunta, Dato piensa detenidamente y hace una gran pausa. Luego responde: “precisamente, la competencia electoral que se avizora entre las cabezas de los dos poderes políticos debe ser mirada por nosotros en tanto no exceda el límite de la legalidad del que somos custodios”.
 
-¿Se dedicará a la política en el futuro?
-Estoy contento con la actividad que se puede desarrollar en la Corte. Quizá no adquiera la trascendencia masiva e inmediata de la actividad política, pero aportar a que en Tucumán haya una buena Justicia satisface las aspiraciones que uno tiene respecto de las cuestiones que no son personales.
 
-¿O sea que la respuesta a la pregunta anterior queda en suspenso para el futuro?
-Sí. El tema es que, como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos…
 
-¿Cómo ve la provincia?
-Habiendo superado un montón de dificultades fiscales que tenía la provincia y que establecían condicionamientos a la actividad de los gobernantes, esto significa que la calidad de la exigencia dejó de ser que los sueldos sean pagados en tiempo y forma, sino que, además, ahora se reclaman obras y servicios mejores. En esa etapa superior de los problemas, la gente está tranquila en cuanto a que los controles de la actividad de los gobernantes funcionan; desde ese punto de vista, el máximo control es la Justicia.

 -¿Qué opina de que en un año electoral aún sigan retocando el régimen electoral?
-No es el marco ideal. No falta tanto tiempo para que sea dispuesta la convocatoria a las elecciones del 26 de agosto y todavía, en ese juego de veto e insistencia (entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura), no tenemos definido cuáles son las disposiciones que se deben aplicar. Frente a una eventual controversia judicial, el tiempo necesario para obtener una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no pareciera compatible con la premura que caracteriza a las cuestiones electorales.
 
-¿Le afectó que el legislador Fernando Juri Debo haya dicho que no quería pensar que, a la hora de resolver algunas cuestiones electorales o judiciales vinculadas con la última reforma constitucional, los jueces pudieran tener presente el convenio celebrado con la Nación, que les reconoció el beneficio previsional del 82% (de lo que perciben los magistrados en actividad)?
-Es un agravio gratuito. Porque los malos pensamientos deberían haberlo asaltado cuando él levantó la mano para aprobar el convenio-ley. La expresión 82% móvil, en el marco de la actual pelea electoral, debe ser precisada. Lo que se hizo es extender a los jueces provinciales el beneficio que ya se aplicaba a los magistrados federales. Esto  pese a que, en virtud de alguna circular de la Anses, que debe ser reexaminada, se dispone una detracción de esos haberes y, en vez del 82%, tendríamos jubilaciones del 59% al 72%.



“NO SOY UN JUEZ mediático, sino alguien que cree que, desde la comunicación, se pueden explicar muchas cosas a la sociedad. Ella es la que, a través de determinados mecanismos, nos dio responsabilidades; dicho brutamente, nos dio el poder de la lapicera”.
 
“COMO EGRESADO de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, vivo con muy mucha pena lo que está sucediendo (presuntas anomalías en el registro de las notas de alumnos). Pero era una de las situaciones previsibles que la masividad de la universidad podía provocar. No hay estructura, docentes, ni presupuestos que puedan atender a tantos miles de alumnos”.

“ES ABSURDO plantear el problema de si los jueces debemos abonar el Impuesto a las Ganancias desde lo cuantitativo. El pago obligaría a la provincia, que sería la beneficiaria impositiva, a atender los emolumentos que esa retención pudiera significar. El problema es otro y es que, si fuéramos sujetos del impuesto a la Ganancias, seríamos pasibles de inspecciones por parte de un organismos recaudador que pertenece a otro poder del Estado, respecto del cual nosotros mismos tenemos causas donde  ese organismo es parte; ni qué decir la Justicia Federal”.

“AHORA SE MEZCLAN las responsabilidades entre seguridad y Justicia. Es muy difícil explicar a los afectados por algún hecho que el tema de la investigación en libertad es propia del sistema penal acusatorio implementado en la provincia. Los pactos internacionales firmados por el país obligan a que el proceso transcurra por ese camino. Esto exacerba la actitud de las víctimas, que quieren a la gente privada de la libertad antes de que haya sentencia firme”.