El PE pidió la versión taquigráfica a la Legislatura

Al mediodía de ayer, la Legislatura comunicó oficialmente al Ejecutivo el texto de las cinco normas que volvió a sancionar el lunes pasado. Habían sido aprobadas originalmente el 12 de febrero, y vetadas ese mes por el Gobierno.
Se trata, en primer término, de la ratificación del pago del 82% móvil a los 25.000 jubilados transferidos a la Nación. A ello se suma el cambio a la ley de Autarquía Financiera, por el cual se obliga al Gobierno a librar, en el plazo de cinco días hábiles, los fondos que requieran la Justicia, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas, siempre que se trate de créditos asignados a por la Ley de Presupuesto.
Las tres normas restantes penan las prácticas clientelistas, como el reparto de bolsones, e instauran el voto electrónico (Ley de Régimen Electoral), prohíben que partidos comunales y municipales se acoplen a la fórmula de gobernador y vice (Ley de Partidos Políticos), y que ordenan la inmediata regularización de los órganos públicos intervenidos (Ley de Normalización).
La comunicación presenta esos documentos como "texto de las leyes sancionadas nuevamente". Ingresó ayer, al mediodía, a la Secretaría General de la Gobernación, que conduce Francisco Sassi Colombres. De esta manera, queda planteado oficialmente un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo respecto de la validez de estas normas. La Cámara, en rigor, envía los textos en calidad de leyes, para que el Ejecutivo los publique.
Se amparan, para ello, en el artículo 75 de la Carta Magna, el cual sostiene que si un proyecto es vetado, puede ser aprobado otra vez "al año siguiente" con un mínimo de 21 votos. Y, en ese caso, el Ejecutivo (que puede oponer el veto a una iniciativa sólo una vez) está obligado a promulgarlo.
Lo que el jurismo sostiene es que la expresión "al año siguiente" refiere al "año legislativo". En consecuencia, manifiestan que esas normas fueron sancionadas originalmente cuando aún estaba vigente el período de sesiones extraordinarias de 2006. Y como el 1 de marzo comenzó el período de sesiones ordinarias de 2007, procedía sancionarlas con 21 voluntades. De hecho, esas cinco normas contaron con el aval de entre 21 y 23 votos, según el caso.
La lectura del alperovichismo es otra. Tal como fue expresado en la pasada sesión, entienden que la referencia "al año siguiente" tiene que ver con los "año calendario". En consecuencia, afirman que sólo será procedente una sanción con 21 votos en 2008. Complementariamente, sostienen que deben aplicarse los supuestos del artículo 74. Esta norma pauta que cuando un proyecto es vetado, la Cámara debe insistirlo con los dos tercios de los votos (27 legisladores). "En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones de ese año" (sic).
Fuentes del Poder Ejecutivo advirtieron, además, que los cambios al Régimen Electoral y a la Ley de Partidos Políticos, así como la Ley de Normalización, recibieron vetos parciales en febrero. Por tanto -aducen- no correspondía una nueva sanción, ya que la parte no vetada es, automáticamente, ley.
Precisamente, confirmaron que el Ejecutivo requirió a la Cámara que le remitan las versiones taquigráficas del debate parlamentario para estudiar qué harán respecto de estas normas.


"No creo que las leyes de la provincia se merezcan un análisis al estilo Boca o River". La advertencia es del constitucionalista Rodolfo Burgos, que en diálogo con LA GACETA sostiene que, a primera vista, pareciera que la Legislatura tiene razón en su postura acerca de que las normas sancionadas el lunes con entre 21 y 23 votos tienen vigencia de ley, por cuanto no se trató del rechazo de un veto, sino de una nueva sanción en un año parlamentario distinto al de la primera aprobación, ocurrida el 12 de febrero.
"Sin embargo, hay que admitir que los poderes políticos han generado una situación ciertamente confusa. No se puede reducir la discusión sobre la validez de estas normas a si el artículo 75 habla de ?año legislativo? o ?año parlamentario?. Menos aún si hablamos de leyes referidas a atender la situación de los jubilados, a las finanzas públicas, al control de los comicios, a los partidos políticos y a mejorar la calidad institucional", lamentó.
"Lo importante es cuándo van a tornarse operativas estas normas. Y si la Cámara dice que son ley pero el Gobierno no las pública, los jubilados terminarán en tribunales pleiteando el 82% móvil, vaya a saber con qué plazos", concluyó.