Un fiscal solicita el rechazo del pedido de recusación formulado por el juez Parache

“La fuerza de la opinión pública puede jugar un papel importante en el objetivo de tener jueces independientes y probos cuando se es capaz de generar información valiosa que se pone al alcance de la ciudadanía, como resguardo de la independencia judicial”. El fiscal federal Carlos Brito utilizó este concepto de Carlos María Facal, presidente de la fundación Poder Ciudadano, para solicitar que sea rechazado el pedido de recusación que el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, efectuó en su contra, en las dos causas por presuntas irregularidades con títulos de la deuda pública, en las que el magistrado está imputado. El cargo es supuesta participación necesario en una presunta defraudación contra el Estado nacional.
Aunque aún no fue citado a prestar declaración indagatoria en las causas caratuladas con los apellidos “Taranto” y “Scaravilli López”, Parache requirió a Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2 y que lleva adelante ambos expedientes, que declare la inconstitucionalidad de la Ley 25.320. Esta norma, también conocida como “Ley Carrió o de Fueros”, permite que un magistrado -entre otros- sea llamado a comparecer como imputados aunque previamente no haya sido destituido. Asimismo,  en ambas causas, Parache recusó a Brito -entre otras razones- por considerar que, “antes de solicitar las medidas correspondientes al juez que lleva a cabo la instrucción, las comunica religiosamente a los medios de prensa para lograr su inmediata difusión social”.
El viernes, por escrito, Brito contestó a Parache y argumentó (también citando a Facal): “magistrados transparentes podrán ser jueces sólo sujetos a su ciencia y conciencia, y ganarán independencia, al gozar del respeto  de los ciudadanos. Un juez no sospechado puede no concitar entusiasmo y seguramente no estará, alguna vez, exento de crítica por el contenido de sus decisiones. Pero será profundamente respetado”.
Basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, Parache había asegurado que el proceder de Brito le generaba temores de parcialidad y dudas respecto de la objetividad de su actuación.
El fiscal replicó que el magistrado no había precisado en cuál de los incisos del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación (fija los motivos de inhibición o de recusación) se basaba su planteo. Y luego agregó: “al no aparecer como procedente el artilugio utilizado de suplir (la omisión de la precisión sobre la causal) con un forzado razonamiento acerca de la operatividad y aplicación al Ministerio Público Fiscal de la garantía contemplada en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) referida a los Magistrados del Poder Judicial, cabe rechazar in limine la recusación”.

Más argumentos
Parache también se había quejado de que el pedido de Brito, efectuado a Racedo para que citara a aquel magistrado como imputado, parecía más bien un requerimiento de procesamiento. “Esto trasunta una suerte de reconocimiento a la eficacia de la investigación efectuada por el Ministerio Público, que adunó (juntó) elementos con entidad suficiente no sólo para que los partícipes necesarios sean convocado a indagatoria, sino también bastantes para dictar un auto de procesamiento en su contra”, manifestó el fiscal.


El viernes, durante la audiencia celebrada por el planteo de recusación del fiscal federal Carlos Brito, los abogados del juez federal Jorge Parache ofrecieron una serie de medidas de prueba a Mario Racedo (a cargo del juzgado federal Nº 2) y este estableció un plazo de 48 horas para que aquellas pudieran ser sustanciadas.
Las audiencias habían sido fijadas para las 9 y para las 10, para que Brito contestara -lo hizo por escrito- la recusación que Parache entabló en su contra en dos causas, en las que el magistrado está imputado como presunto partícipe necesario en una supuesta defraudación contra el Estado nacional con títulos públicos.
Durante la primera audiencia (por la causa “Taranto”), los abogados Fernando Poviña y Hernán Frías Silva (h) tomaron conocimiento del escrito de Brito (es el mismo en los dos expedientes). Por ende, cuando regresaron para la segunda (causa “Scaravilli López”), solicitaron las medidas.
Brito había afirmado que las publicaciones periodísticas, que daban cuenta de que él había solicitado a Racedo que citara a Parache a declarar como imputado, fueron posteriores en el tiempo a cuando Racedo fue informado del pedido.
A pedido de la defensa de Parache, entre otras medidas, Racedo ordenó al secretario penal del juzgado, Horacio Argüello, que informe en 48 horas cuándo Brito formalizó el requerimiento de indagatoria (contra Parache) ante el despacho Nº 2, así como las fechas de pase de los expedientes en cuestión a la Fiscalía a cargo de Brito.
Una vez que tenga todos los elementos, Racedo resolverá si hace lugar al pedido de Parache o si lo rechaza, como solicitó Brito.