El uso que las comunas rurales dan a los fondos públicos enardece a los referentes opositores. Mientras la Unión Cívica Radical (UCR) ratificó su denuncia penal en contra del secretario coordinador del área, Sergio Mansilla, una decena de partidos políticos exigió al Poder Ejecutivo que normalice el envío de los balances bimestrales al Tribunal de Cuentas (TC).
Durante febrero, el funcionario requirió al organismo de control un nuevo plazo de ocho meses para regularizar la remisión de las rendiciones de cuentas que adeudan las delegaciones rurales del interior. La petición, aceptada por los vocales del TC, despertó la reacción del Foro Plural por la Democracia, que reclamó a la Legislatura la interpelación de Mansilla.
"La transparencia pasa por cuentas claras. Sólo así la sociedad conocerá las sumas que fueron giradas a comunas rurales por el PE. Sólo conociendo en qué se aplican los fondos, la ciudadanía podrá apreciar el destino de los tributos a los que contribuye", se advierte en un documento que lleva la firma de Esteban Jerez, de Ciudadanos contra la Corrupción; de Alejandro Sangenis, del Movimiento Tres Banderas; de Mario Marigliano, de la UCR; de José Páez, de la Democracia Cristiana; de Liliana Signorelli de Aráoz, de Acción por la República; de Martín Méndez Uriburu, del PRO; de Sandra Manzone, de Concertación Arista; de Orlando Figueroa, del Movimiento Provincias Unidas; de Roberto Paolini, de Nuevo Partido; y de Pablo Berarducci, de Ciudadanos Independientes.
El radicalismo, en tanto, amplió su denuncia en contra de Mansilla, a quien acusan de haber incumplido los deberes de funcionario público. "Pedimos que se tenga en cuenta un informe de la Sindicatura General de la Nación en el que se señala que no existe ni en Tesorería ni en Contaduría información sobre los fondos que reciben las comunas", dijo el titular de la convención partidaria, Ariel García.
El legislador Roberto Palina, por su parte, aseveró que Mansilla goza de la protección del gobernador José Alperovich. "Por irregularidades de menor calibre, en comparación con la morosidad de las comunas para rendir cuentas, el mandatario echó a funcionarios de su entorno", ironizó el radical.
Durante febrero, el funcionario requirió al organismo de control un nuevo plazo de ocho meses para regularizar la remisión de las rendiciones de cuentas que adeudan las delegaciones rurales del interior. La petición, aceptada por los vocales del TC, despertó la reacción del Foro Plural por la Democracia, que reclamó a la Legislatura la interpelación de Mansilla.
"La transparencia pasa por cuentas claras. Sólo así la sociedad conocerá las sumas que fueron giradas a comunas rurales por el PE. Sólo conociendo en qué se aplican los fondos, la ciudadanía podrá apreciar el destino de los tributos a los que contribuye", se advierte en un documento que lleva la firma de Esteban Jerez, de Ciudadanos contra la Corrupción; de Alejandro Sangenis, del Movimiento Tres Banderas; de Mario Marigliano, de la UCR; de José Páez, de la Democracia Cristiana; de Liliana Signorelli de Aráoz, de Acción por la República; de Martín Méndez Uriburu, del PRO; de Sandra Manzone, de Concertación Arista; de Orlando Figueroa, del Movimiento Provincias Unidas; de Roberto Paolini, de Nuevo Partido; y de Pablo Berarducci, de Ciudadanos Independientes.
El radicalismo, en tanto, amplió su denuncia en contra de Mansilla, a quien acusan de haber incumplido los deberes de funcionario público. "Pedimos que se tenga en cuenta un informe de la Sindicatura General de la Nación en el que se señala que no existe ni en Tesorería ni en Contaduría información sobre los fondos que reciben las comunas", dijo el titular de la convención partidaria, Ariel García.
El legislador Roberto Palina, por su parte, aseveró que Mansilla goza de la protección del gobernador José Alperovich. "Por irregularidades de menor calibre, en comparación con la morosidad de las comunas para rendir cuentas, el mandatario echó a funcionarios de su entorno", ironizó el radical.







