Insistirán en las sanciones al reparto de bolsones

Los referentes legislativos de la oposición y del jurismo volverán a la carga en su afán de que sean penadas las prácticas clientelares durante las épocas electorales. La norma fue aprobada el 12 de febrero, pero vetada por el gobernador José Alperovich.
El texto, que formaba parte de un paquete de medidas electorales, establecía que los partidos políticos y sus candidatos tenían prohibido entregar o prometer entregar a los electores cualquier bien o mercadería, cuando pueda presumirse un intento de inducir determinado comportamiento electoral. En la ley se precisaba, además, que el Poder Ejecutivo, las intendencias y las comunas deberían suspender toda entrega de ayuda social, cualquiera sea su modalidad y el origen del financiamiento, durante el plazo habilitado para la campaña electoral y el día fijado para los comicios.
Sin embargo, para interponer el veto, Alperovich adujo que esas conductas delictivas ya estaban penadas por el Código Electoral Nacional. El digesto, en su artículo 140 (Inducción con engaños), aclara: "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo". Además, objetó que se otorguen a la Junta Electoral Provincial facultades jurisdiccionales que no se corresponden con el sistema institucional argentino.
El presidente de Ciudadanos Independientes (CI), el legislador Rodolfo Danesi, dijo que a nadie puede sorprender que el gobernador haya vetado la norma. "Es el principal sospechoso de la compra de votos con bolsones, según lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de junio de 2006. Buena parte de su caudal de votos lo consigue utilizando este espurio mecanismo", advirtió.
El opositor aseguró que, a través de la sentencia 1024 firmada el 30 de octubre de 2006, el máximo tribunal ordenó a la Justicia Penal que investigue al mandatario por los delitos de compra de votos con bolsones alimentarios y la extorsión a intendentes. "Conductas que la Corte sentenció que son ?sin lugar a dudas, de naturaleza delictiva y deben ser investigadas y esclarecidas?", recordó el legislador.
Con el inicio del nuevo período anual de sesiones ordinarias (quedó habilitado el jueves), los opositores entienden que sólo necesitarán una mayoría simple en el recinto (21 votos) para la aprobación de una ley con idéntico contenido. De ser así, el gobernador debería aceptar la decisión de la Cámara. La Constitución establece que el proyecto de ley sancionado y vetado puede ser insistido en la Legislatura con los dos tercios de los votos (27); en ese caso, el PE está obligado a promulgarlo. Pero aclara que el gobernador sólo puede usar el derecho a veto sobre una ley una sola vez y, si en las sesiones del año siguiente la Cámara volviese a sancionar la misma ley por mayoría simple, deberá promulgarla.
El vicegobernador, Fernando Juri, dejó abierta esa posibilidad. "Más que insistir, como entramos en un nuevo período legislativo, con la sola presentación de un mismo proyecto se requiere de 21 votos para su aprobación", dijo. No obstante, en Casa de Gobierno sostienen que la expresión "año siguiente" del artículo 75 de la Carta Magna está relacionada con el año calendario, por lo que la Legislatura recién podría intentar su sanción, con mayoría simple, en 2008.