Dos fallos provinciales avalan el cobro del TEM

El presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo considera que atañe a la comunidad la percepción de un tributo. Las resoluciones contradicen lo que había decidido la Justicia Federal respecto de la empresa Casino Club. Otras causas.

ESTUDIO. En Tribunales existen cinco demandas de inconstitucionalidad.  LA GACETA / HECTOR PERALTA
ESTUDIO. En Tribunales existen cinco demandas de inconstitucionalidad. LA GACETA / HECTOR PERALTA
Por Redacción Política 01 Marzo 2007
Ayer, la Municipalidad recibió una buena noticia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó dos de los cinco pedidos efectuados por empresas y particulares para que, en forma preventiva, fueran eximidos de pagar el Tributo de Emergencia Municipal (TEM). Esto es lo que consiguió, aunque en la Justicia Federal, Casino Club S.A. que, por el momento, no deberá abonar -en concepto de TEM- $ 700 por cada una de las 300 tragamonedas que posse en esta ciudad.
Las sentencias fueron emitidas por Carlos Giovanniello, presidente de la Sala II de la Cámara que también integra Rodolfo Novillo. El vocal resolvió en un sentido contrario del que se había pronunciado Marta Abregú de Padilla (subrogó al juez federal Jorge Parache durante parte de la feria de enero).

Numerosos argumentos
Los dos pedidos de medidas cautelares rechazados habían sido efectuados por "Olaya Hnos" y "Simón, María Sofía", quienes dedujeron sendas acciones de inconstitucionalidad contra el TEM.
En ambas causas, Giovanniello recordó que, dada la naturaleza innovativa de las medidas solicitadas (ordenar a la Municipalidad que se abstuviera de cobrar el tributo), una resolución en ese sentido hubiera significado "un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa". "Esto justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad", precisó el vocal.
En los considerandos, el magistrado analizó los requisitos necesarios para poder conceder una medida como la solicitada: verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora del dictado de la cautelar. Respecto del último extremo, argumentó que debía haberse invocado un "peligro de daño tan urgente y grave que justificara sortear las etapas básicas de sustanciación bilateral que impone, como principio fundamental, la garantía del debido proceso adjetivo".
Luego, aclaró que no había jurisprudencia ni precedente relacionado con el cuestionamiento a la ordenanza que estableció el TEM y que se presume válida. Por ende, destacó: "no parece proporcionado inhibir a la Municipalidad de toda posibilidad de aplicación de las normas jurídicas que le habilitan a efectuar determinaciones de oficio, formular cargos tributarios e intimaciones, iniciar ejecuciones fiscales, y ejecutar sentencias en contra del actor por la implementación del TEM y del Tributo a la Publicidad y la Propaganda".
El vocal también analizó la cuestión desde el punto de vista del impacto fiscal que pudiera haber representado el dictado de una cautelar contra el municipio. "Este supuesto parece desbordar el interés individual de las partes y atañe a la comunidad, en razón de que la medida preventiva solicitada tiene aptitud para perturbar la oportuna y tempestiva percepción de rentas públicas".
Hoy podrían ser resueltos otros tres planteos similares a los que fueron rechazados, pero que son sustanciados en la sala III de la misma Cámara.







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