La Junta Electoral Provincial (JEP) no puede aplicar sanciones ni juzgar las prácticas clientelares. Con este argumento, el Poder Ejecutivo interpuso un veto parcial a las nuevas pautas electorales, impulsadas por el jurismo y por la oposición en la última sesión.
Si bien el gobernador, José Alperovich, promulgó la derogación del régimen de internas abiertas en los partidos políticos, rechazó la implementación del voto electrónico, las penalizaciones al reparto de bolsones durante los comicios, y la prohibición de que partidos municipales y comunales puedan acoplarse a la fórmula de gobernador y vice. En este caso, se adujo que la misma naturaleza constitutiva de estas agrupaciones limita su posibilidad de acoplarse a esas candidaturas.
La norma vetada establece que los partidos políticos y sus candidatos tienen prohibido entregar o prometer entregar a los electores cualquier bien o mercadería, cuando pueda presumirse un intento de inducir determinado comportamiento electoral. Precisa, además, que el Poder Ejecutivo, las intendencias y las comunas rurales deberán suspender toda entrega de ayuda social, cualquiera sea su modalidad y el origen del financiamiento, durante el plazo habilitado para la campaña electoral y el día fijado para los comicios.
El mandatario provincial adujo que tales conductas delictivas ya están abarcadas por el Código Electoral Nacional. El digesto, en su artículo 140 (Inducción con engaños), aclara: "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
Alperovich, además, cuestionó que se otorgue a la Junta Electoral Provincial facultades jurisdiccionales que no se corresponden con el sistema institucional argentino. "Tampoco se prevé una instancia judicial de revisión por el juez natural de la causa", afirma el titular del Ejecutivo en los considerandos del decreto 450/14, remitido el lunes a la Legislatura.
También objetó la pretensión de que el sistema de voto electrónico se implemente en los comicios de agosto. Cabe recordar que utilización de este método ya ha sido incorporada en la reforma de la Constitución Provincial: Bases del Régimen Electoral, artículo 43, inciso tercero. El decreto lo reconoce, pero se justifica la decisión de vetar la norma en la imposibilidad material de la Provincia de apelar al voto electrónico en los próximos meses. "Su aplicación necesita una regulación autónoma y más completa que la dispuesta en las normas analizadas, las que presentan lagunas insalvables que pueden llegar a nulificar el comicio. Por otro lado, existe la imposibilidad material de contar, por el momento, con los elementos y medios necesarios para el cumplimiento de esta norma constitucional", advirtió.
La estrategia del jurismo
Así las cosas, finalmente, el gobernador interpuso dos vetos totales y tres vetos parciales al paquete de normas sancionado por la Cámara en la sesión realizada el 12 del corriente. El jueves pasado, Alperovich había comunicado su rechazo al proyecto que lo obligaba a pagar el 82% móvil a los 25.000 jubilados transferidos al régimen previsional de la Nación y que interpondría objeciones parciales a la normalización inmediata de los entes autárquicos y de los organismos públicos intervenidos. El viernes, en tanto, firmó su oposición a los cambios propuestos por el jurismo a la Ley 6.930 (Autarquía Financiera). Con ellos, las autoridades de la Cámara pretendían eludir el goteo de fondos mensual que realiza el PE sobre el presupuesto anual de ese poder.
A partir de la decisión adoptada por el Gobierno, la intención del jurismo es insistir en la sanción de la norma que garantiza el pago de la movilidad a los pasivos. Se calcula que idéntica medida se adoptará con los vetos interpuestos al voto electrónico y a las penalizaciones contra las prácticas clientelares. Como las normas fueron aprobadas durante el período extraordinario de sesiones correspondientes a 2006, entienden que -a partir de mañana, cuando empiece el nuevo año legislativo- con sólo conseguir 21 votos en el recinto las leyes quedarán firmes.
Si bien el gobernador, José Alperovich, promulgó la derogación del régimen de internas abiertas en los partidos políticos, rechazó la implementación del voto electrónico, las penalizaciones al reparto de bolsones durante los comicios, y la prohibición de que partidos municipales y comunales puedan acoplarse a la fórmula de gobernador y vice. En este caso, se adujo que la misma naturaleza constitutiva de estas agrupaciones limita su posibilidad de acoplarse a esas candidaturas.
La norma vetada establece que los partidos políticos y sus candidatos tienen prohibido entregar o prometer entregar a los electores cualquier bien o mercadería, cuando pueda presumirse un intento de inducir determinado comportamiento electoral. Precisa, además, que el Poder Ejecutivo, las intendencias y las comunas rurales deberán suspender toda entrega de ayuda social, cualquiera sea su modalidad y el origen del financiamiento, durante el plazo habilitado para la campaña electoral y el día fijado para los comicios.
El mandatario provincial adujo que tales conductas delictivas ya están abarcadas por el Código Electoral Nacional. El digesto, en su artículo 140 (Inducción con engaños), aclara: "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
Alperovich, además, cuestionó que se otorgue a la Junta Electoral Provincial facultades jurisdiccionales que no se corresponden con el sistema institucional argentino. "Tampoco se prevé una instancia judicial de revisión por el juez natural de la causa", afirma el titular del Ejecutivo en los considerandos del decreto 450/14, remitido el lunes a la Legislatura.
También objetó la pretensión de que el sistema de voto electrónico se implemente en los comicios de agosto. Cabe recordar que utilización de este método ya ha sido incorporada en la reforma de la Constitución Provincial: Bases del Régimen Electoral, artículo 43, inciso tercero. El decreto lo reconoce, pero se justifica la decisión de vetar la norma en la imposibilidad material de la Provincia de apelar al voto electrónico en los próximos meses. "Su aplicación necesita una regulación autónoma y más completa que la dispuesta en las normas analizadas, las que presentan lagunas insalvables que pueden llegar a nulificar el comicio. Por otro lado, existe la imposibilidad material de contar, por el momento, con los elementos y medios necesarios para el cumplimiento de esta norma constitucional", advirtió.
La estrategia del jurismo
Así las cosas, finalmente, el gobernador interpuso dos vetos totales y tres vetos parciales al paquete de normas sancionado por la Cámara en la sesión realizada el 12 del corriente. El jueves pasado, Alperovich había comunicado su rechazo al proyecto que lo obligaba a pagar el 82% móvil a los 25.000 jubilados transferidos al régimen previsional de la Nación y que interpondría objeciones parciales a la normalización inmediata de los entes autárquicos y de los organismos públicos intervenidos. El viernes, en tanto, firmó su oposición a los cambios propuestos por el jurismo a la Ley 6.930 (Autarquía Financiera). Con ellos, las autoridades de la Cámara pretendían eludir el goteo de fondos mensual que realiza el PE sobre el presupuesto anual de ese poder.
A partir de la decisión adoptada por el Gobierno, la intención del jurismo es insistir en la sanción de la norma que garantiza el pago de la movilidad a los pasivos. Se calcula que idéntica medida se adoptará con los vetos interpuestos al voto electrónico y a las penalizaciones contra las prácticas clientelares. Como las normas fueron aprobadas durante el período extraordinario de sesiones correspondientes a 2006, entienden que -a partir de mañana, cuando empiece el nuevo año legislativo- con sólo conseguir 21 votos en el recinto las leyes quedarán firmes.
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