Por Redacción Política
23 Febrero 2007
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No cesan las consecuencias de la polémica desatada en la Justicia Federal a raíz de la contratación de tres personas (Gustavo José Wagner, Julio Roberto Argañaraz y Verónica Gabriela Brito) en la Secretaría ad hoc creada para atender las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
El miércoles, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl David Mender, solicitó a los cuatro juzgados que dependen del tribunal (dos de Tucumán, uno de Santiago del Estero y otro de Catamarca) que informen en el plazo de 48 horas (vence hoy) cuántos personas se desempeñan en el carácter de meritorios en esos despachos.
Además de los datos personales, Mender requirió que le expliquen desde cuándo prestan servicios, funciones y horarios que cumplen. También les pidió a los magistrados que digan "bajo qué autorización se encuentran prestando servicios en el juzgado o, en su caso, la correspondiente comunicación (a la Cámara Federal) solicitando la autorización".
Desde Santiago del Estero y Catamarca habrían adelantado extraoficialmente que no tienen meritorios, mientras que en el juzgado Nº 2 de esta provincia habría cuatro y en el Nº 1, uno (aunque habría sido beneficiado por una reciente contratación), según fuentes judiciales.
El origen de todo
La polémica se desató porque la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se quejó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, para la Secretaría ad hoc, fueron contratas (como escribientes auxiliares) tres personas que no cumplía funciones en el edificio de Las Piedras al 400. El sindicato argumenta que, en cambio, deberían haber sido beneficiados quienes se desempeñan como meritorios, según la resolución 314/06 del Consejo de la Magistratura.
Aunque la incorporación de meritorios (desempeñan tareas ad honorem y no tienen ningún tipo de cobertura social) está prohibida desde junio de 2005, el Consejo de la Magistratura instó a que las vacantes fueran cubiertas con aquellos. Esto es lo que reclama el gremio (hay dirigentes de esta provincia efectuando gestiones en Buenos Aires). En Tucumán, los meritorios hasta marcarían tarjeta al ingresar.
Ayer, el propio Mender estuvo en dependencias del juzgado Nº 1 (en cuya órbita trabajará la Secretaría ad hoc), en el afán de llevar tranquilidad, como consecuencia de la situación generada.
Durante el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, acordadas mediante, promovió dos concursos de oposición y antecedentes para cubrir 15 cargos de ayudante fiscal y otros diez como secretarios especializados en Concursos y Quiebras en igual número de juzgados en lo Civil y Comercial Común.
En el caso de las flamantes Secretarías (para los ochos juzgados de esta capital y los dos que funcionan en el Centro Judicial de Concepción), para el proceso de selección se habían inscripto originariamente 83 abogados. No obstante, 30 desistieron de rendir la prueba escrita celebrada hace ya un casi un año ya.
Tras la evaluación, el jurado, compuesto por camaristas del fuero (Martha González de Ponssa, Carlos Miguel Ibáñez y Santiago Gallo Cainzo), procedió a entrevistar a los postulantes. Finalmente, fue elevado un orden de mérito (a partir de los resultados de la prueba y el puntaje asignado a los antecedentes) a la Corte Suprema de Justicia.
Durante la prueba de oposición, González de Ponssa había subrayado que la experiencia le da transparencia al ingreso al Poder Judicial, que "no es un coto cerrado", según destacó en esa oportunidad. "Esto permitirá a quienes están adentro avanzar en la carrera judicial y a quienes están afuera, poder ocupar un cargo", había destacado.
Reciente juramento
La segunda experiencia fue para cubrir durante un año (puede ser prorrogado por otro período igual) 15 cargos de ayudante de fiscal (de Instrucción), 10 en esta capital, cuatro en Concepción y uno en Monteros. Cincuenta y un postulantes habían llegado a la instancia de la entrevista. Precisamente, los que terminaron siendo seleccionados juraron el 17 del corriente.
El jurado estuvo integrado por los camaristas penales Alberto Piedrabuena, Ana Lía Castillo de Ayusa y Eudoro Albo.
El miércoles, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl David Mender, solicitó a los cuatro juzgados que dependen del tribunal (dos de Tucumán, uno de Santiago del Estero y otro de Catamarca) que informen en el plazo de 48 horas (vence hoy) cuántos personas se desempeñan en el carácter de meritorios en esos despachos.
Además de los datos personales, Mender requirió que le expliquen desde cuándo prestan servicios, funciones y horarios que cumplen. También les pidió a los magistrados que digan "bajo qué autorización se encuentran prestando servicios en el juzgado o, en su caso, la correspondiente comunicación (a la Cámara Federal) solicitando la autorización".
Desde Santiago del Estero y Catamarca habrían adelantado extraoficialmente que no tienen meritorios, mientras que en el juzgado Nº 2 de esta provincia habría cuatro y en el Nº 1, uno (aunque habría sido beneficiado por una reciente contratación), según fuentes judiciales.
El origen de todo
La polémica se desató porque la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se quejó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, para la Secretaría ad hoc, fueron contratas (como escribientes auxiliares) tres personas que no cumplía funciones en el edificio de Las Piedras al 400. El sindicato argumenta que, en cambio, deberían haber sido beneficiados quienes se desempeñan como meritorios, según la resolución 314/06 del Consejo de la Magistratura.
Aunque la incorporación de meritorios (desempeñan tareas ad honorem y no tienen ningún tipo de cobertura social) está prohibida desde junio de 2005, el Consejo de la Magistratura instó a que las vacantes fueran cubiertas con aquellos. Esto es lo que reclama el gremio (hay dirigentes de esta provincia efectuando gestiones en Buenos Aires). En Tucumán, los meritorios hasta marcarían tarjeta al ingresar.
Ayer, el propio Mender estuvo en dependencias del juzgado Nº 1 (en cuya órbita trabajará la Secretaría ad hoc), en el afán de llevar tranquilidad, como consecuencia de la situación generada.
Durante 2006 hubo dos procesos de selección para 25 vacantes
Durante el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, acordadas mediante, promovió dos concursos de oposición y antecedentes para cubrir 15 cargos de ayudante fiscal y otros diez como secretarios especializados en Concursos y Quiebras en igual número de juzgados en lo Civil y Comercial Común.
En el caso de las flamantes Secretarías (para los ochos juzgados de esta capital y los dos que funcionan en el Centro Judicial de Concepción), para el proceso de selección se habían inscripto originariamente 83 abogados. No obstante, 30 desistieron de rendir la prueba escrita celebrada hace ya un casi un año ya.
Tras la evaluación, el jurado, compuesto por camaristas del fuero (Martha González de Ponssa, Carlos Miguel Ibáñez y Santiago Gallo Cainzo), procedió a entrevistar a los postulantes. Finalmente, fue elevado un orden de mérito (a partir de los resultados de la prueba y el puntaje asignado a los antecedentes) a la Corte Suprema de Justicia.
Durante la prueba de oposición, González de Ponssa había subrayado que la experiencia le da transparencia al ingreso al Poder Judicial, que "no es un coto cerrado", según destacó en esa oportunidad. "Esto permitirá a quienes están adentro avanzar en la carrera judicial y a quienes están afuera, poder ocupar un cargo", había destacado.
Reciente juramento
La segunda experiencia fue para cubrir durante un año (puede ser prorrogado por otro período igual) 15 cargos de ayudante de fiscal (de Instrucción), 10 en esta capital, cuatro en Concepción y uno en Monteros. Cincuenta y un postulantes habían llegado a la instancia de la entrevista. Precisamente, los que terminaron siendo seleccionados juraron el 17 del corriente.
El jurado estuvo integrado por los camaristas penales Alberto Piedrabuena, Ana Lía Castillo de Ayusa y Eudoro Albo.
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