Al menos desde el punto de vista procesal, el ex gobernador Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez volvieron a recibir una buena noticia. No tendrán que cumplir en la cárcel de Villa Urquiza la orden de prisión preventiva que pesa sobre ellos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Por el contrario, podrán gozar del beneficio de la detención domiciliaria, que en diciembre la Cámara Federal de Apelaciones ya había resuelto que era procedente.
Finalmente, la Cámara Federal resolvió no conceder el recurso de casación que había interpuesto Emilio Ferrer, en el carácter de fiscal de Cámara subrogante, contra la sentencia de aquel tribunal, que se había pronunciado a favor de que a los militares retirados se les concediera la detención domiciliaria.
La resolución fue firmada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau y Enrique Andrada Barone (este en el carácter de conjuez).
Ferrer pretendía que la cuestión fuera revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero los camaristas concluyeron que el recurso intentado no era procedente, porque la sentencia de la Cámara no era definitiva, sino que se limitaba a señalar que la prisión preventiva que pesa sobre los procesados podía ser convertida en arresto domiciliario por razones humanitarias (Bussi tiene 80 años y padece problemas cardíacos, mientras que Menéndez tiene 79 años).
El expediente había llegado a la Cámara Federal, porque Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado de Bussi y de Menéndez, había apelado la sentencia del 2 de octubre, según la cual el titular del juzgado federal número uno, Jorge Parache, había ordenado que aquellos cumplieran la prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza. Esto último había sido pedido por Ferrer.
Próximos pasos
Ahora, al fiscal general Gustavo Gómez le quedará interponer un recurso extraordinario, porque Ferrer hizo reserva del caso federal, a fin de llevar eventualmente el caso a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tanto, la defensa pedirá hoy que se ejecute la sentencia de la Cámara para que Bussi pueda ser trasladado desde el ex arsenal Azcuénaga, donde se encuentra alojado, a un domicilio particular. Menéndez ya goza de este beneficio en Córdoba, aunque está a disposición de la Justicia Federal de Tucumán.
Procedimiento
Precisamente, en el ex arsenal, por orden de Mario Racedo, juez federal subrogante (en el juzgado Nº 2), el miércoles a la tarde, hubo un procedimiento destinado a comprobar si en el lugar se había quemado documentación relacionada con la dictadura militar. El secretario penal del juzgado, Horacio Argüello, precintó un área ubicada detrás de la capilla para que trabajen técnicos del (Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán).
Finalmente, la Cámara Federal resolvió no conceder el recurso de casación que había interpuesto Emilio Ferrer, en el carácter de fiscal de Cámara subrogante, contra la sentencia de aquel tribunal, que se había pronunciado a favor de que a los militares retirados se les concediera la detención domiciliaria.
La resolución fue firmada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau y Enrique Andrada Barone (este en el carácter de conjuez).
Ferrer pretendía que la cuestión fuera revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero los camaristas concluyeron que el recurso intentado no era procedente, porque la sentencia de la Cámara no era definitiva, sino que se limitaba a señalar que la prisión preventiva que pesa sobre los procesados podía ser convertida en arresto domiciliario por razones humanitarias (Bussi tiene 80 años y padece problemas cardíacos, mientras que Menéndez tiene 79 años).
El expediente había llegado a la Cámara Federal, porque Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado de Bussi y de Menéndez, había apelado la sentencia del 2 de octubre, según la cual el titular del juzgado federal número uno, Jorge Parache, había ordenado que aquellos cumplieran la prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza. Esto último había sido pedido por Ferrer.
Próximos pasos
Ahora, al fiscal general Gustavo Gómez le quedará interponer un recurso extraordinario, porque Ferrer hizo reserva del caso federal, a fin de llevar eventualmente el caso a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tanto, la defensa pedirá hoy que se ejecute la sentencia de la Cámara para que Bussi pueda ser trasladado desde el ex arsenal Azcuénaga, donde se encuentra alojado, a un domicilio particular. Menéndez ya goza de este beneficio en Córdoba, aunque está a disposición de la Justicia Federal de Tucumán.
Procedimiento
Precisamente, en el ex arsenal, por orden de Mario Racedo, juez federal subrogante (en el juzgado Nº 2), el miércoles a la tarde, hubo un procedimiento destinado a comprobar si en el lugar se había quemado documentación relacionada con la dictadura militar. El secretario penal del juzgado, Horacio Argüello, precintó un área ubicada detrás de la capilla para que trabajen técnicos del (Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán).
NOTICIAS RELACIONADAS







