Culpan a la cláusula que habilitó la reelección

Cuando escuchó por teléfono el motivo de la consulta de LA GACETA, desde Salta, donde se encontraba, Julio Díaz Lozano, vicegobernador entre 1991 y 1995, dijo en son de broma: “en eso soy un experto”. La ironía se debe a que, así como hoy están enfrentados el gobernador José Alperovich y el vice Fernando Juri, él afrontó más de un choque con el ex mandatario Ramón Ortega. “Los problemas se evitan si hay madurez democrática. La naturaleza del gobierno republicano es incompatible con las hegemonías y exige el contralor recíproco. Hay que respetar esto”, dijo.

-¿Por qué desde 1991 los conflictos entre el gobernador y el vice han sido una constante?
-Los conflictos se producen cuando no se tiene una idea clara de cuál es la naturaleza y la función de cada poder. Así como la Legislatura no puede transformarse en coejecutora del presupuesto, tampoco el Ejecutivo puede pretender que aquella no lo controle en la ejecución de los dineros que le son asignados. Los problemas comienzan cuando un poder se inmiscuye o trata de subordinar las funciones del otro. Si cada uno entiende su rol dentro de la administración de la Provincia, no habrá conflictos más allá de los que naturalmente suele haber.

-En Tucumán pareciera que esto no se entiende bien...
-Ocurre que el titular de la Legislatura concentra en su figura la voluntad política de ese poder, que muchas veces no suele ser compartida por el PE. El sintetiza eso, pese a que él mismo puede no haber tenido que ver con la formación de esa voluntad política que incomoda al PE. Parece un juego de palabras, pero no lo es.

-¿Advierte alguna novedad en el actual choque entre las cabezas de los poderes políticos?
-Sí la hay al haberse posibilitado la reelección y al aparecer ambos (Alperovich y Juri) como figuras con aspiraciones en el mismo sentido (la gobernación). Antes, de antemano, ya se sabía que no podía haber una coalición de voluntades por tal motivo. Pero un gobierno de naturaleza democrática debe poner el acento en cuestiones de gestión que la gente quiere que sean resueltas. Esto incluye calidad de servicios, obra pública e independencia de poderes.


Aunque protagonizó más de un conflicto cuando, como vicegobernador, acompañó la gestión de Antonio Bussi (1995-1999), Raúl Topa reconoce que no está en condiciones de dar ningún consejo a propósito de las desavenencias entre el actual mandatario, José Alperovich y su otrora compañero de fórmula, Fernando Juri. “Sólo puedo decir que, aun en la mayor crisis, debe lograrse que todo transcurra dentro de los carriles institucionales”, sugirió.

-¿La figura del vicegobernador incomoda a los gobernadores? 
-Se trata de una figura institucional que obliga a una tarea ardua y a un delicado equilibrio, pero en todos los casos debe privilegiarse la continuidad institucional, más allá de las diferencias. A ello hay que agregar que, durante mi gestión al frente de la Legislatura, el oficialismo (léase Fuerza Republicana) era absolutamente minoritario, a diferencia de lo que ocurrió con los gobiernos justicialistas, incluido el actual, que contaron con mayoría parlamentaria.

-¿Hay algún elemento nuevo en la actual puja?
-Antes, las diferencias que podían existir entre los dos poderes políticos tenían que ver con cuestiones estrictamente ligadas a la gestión de gobierno. En cambio, ahora, la posibilidad de ser reelegido pone a todos los actores políticos -no sólo a quienes ocupan los primeros niveles- en posición de diferenciarse, como consecuencia de las aspiraciones lógicas que se despertaron al haber legitimado la nueva Constitución la posibilidad de la reelección, que antes no existía.

-Entonces, ¿el panorama ahora es más complicado?
-La posibilidad de la reelección es un elemento que ostensiblemente viene a complicar aún más la cuestión, en vez de resolverla. Saca a los políticos de la atención estricta de las cuestiones de gestión -que naturalmente puedan generar diferencias y en las que se debe tender al equilibrio- y los pone en otro plano. Surgen, entonces, otras diferencias, como consecuencia de la aspiración lógica y legítima de todos por los espacios que la posibilidad de la reelección concede. Se trata de un elemento potenciador del conflicto.