El Tribunal de Cuentas advirtió sobre la mora

El Tribunal de Cuentas (TC) intimó en tres oportunidades a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas para que le remita las rendiciones de cuentas bimestrales adeudadas por las comunas rurales. Inclusive, el último plazo otorgado por el organismo de control expiró el 30 de diciembre, pero tampoco fue cumplimentado por la repartición.
Los fondos que la Provincia giró a las delegaciones del interior comenzaron a ser objeto de crítica por parte de los referentes de la oposición a partir de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas. Por medio del acuerdo 2.751, (análisis de la cuenta de inversión 2005), el TC recomendó a la Contaduría General que normalice la presentación de informes sobre el empleo que dan a los recursos los comisionados rurales.
Pero las advertencias a la secretaría que conduce Sergio Mansilla se remontan a dos años atrás. Entonces, por medio del acuerdo 2.366, el organismo de control intimó al funcionario para que, en un plazo de 90 días corridos, eleve los estados contables de varias comunas del interior. "Tal hecho se traduce en una clara obstrucción a la labor de este Tribunal", habían señalado en aquella ocasión los vocales del TC, Miguel Terraf y Sergio Díaz Ricci.
La falta de respuestas de la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas obligó al Tribunal de Cuentas, 19 meses después, a insistir en el pedido. "La mencionada secretaría sólo dio cumplimiento en un porcentaje del 9,11% a lo requerido, existiendo aún en morosidad una cantidad de 1.611 balances bimestrales", remarcaron, otra vez, Terraf y Díaz Ricci a través del Acuerdo 2.039 firmado el 27 de julio de 2006. En este caso, los responsables del TC reclamaron a Mansilla que brinde una respuesta en cinco días.

Lenta regularización
Exactamente 13 días después de haber recibido esa notificación, la Subdirección de Asuntos Comunales (dependiente de la secretaría que encabeza Mansilla), requirió una prórroga de cinco meses en el plazo concedido por el organismo de control. En un escrito, se adujo que muchas comunas rurales habían girado recientemente la documentación reclamada, por lo que esa repartición estaba abocada a su estudio.
El 25 de agosto del año pasado, el Tribunal de Cuentas accedió al pedido de la Provincia y amplió el plazo de presentación hasta el último día hábil de 2006, según lo detalla el Acuerdo 2.325. Sin embargo, a 36 días del vencimiento de la prórroga, la documentación aún no ha sido elevada por la repartición que coordina el área dentro del Poder Ejecutivo.
En efecto, un informe publicado por LA GACETA el lunes 15 de enero da cuenta de un relevamiento interno de la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas. En el escrito se denuncia el alto grado de incumplimiento contable de los delegados comunales; a tal punto que la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos fue incumplida, en distinta proporción, por 86 de las 93 comunas rurales de la provincia en 2006.
El documento detalla que, entre todas las delegaciones, adeudan el 70% de las rendiciones de cuentas. Como agravante, se indica que la Secretaría giró durante el año pasado el 3% del total de los balances al ente de contralor. No obstante, desde la Provincia consideran que el balance es positivo: sostienen que, desde el último período de 2003 hasta el quinto bimestre de 2006, el PE recibió 1.339 balances sobre 1.674 exigidos (un 80%). De ese total, al Tribunal de Cuentas ya fueron girados 972. Es decir, más de un 60%.




1- La primera intimación del Tribunal de Cuentas a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas fue firmada en diciembre de 2004. El plazo concedido para que se remitieran los balances de las comunas era de 90 días.

2- El 27 de julio de 2006, el organismo de control requirió por segunda vez los informes a la Provincia. El Tribunal de Cuentas advirtió al área que conduce Mansilla que adeudaba la presentación de 1.611 balances bimestrales.

3- La repartición provincial solicitó a las autoridades del TC una extensión de cinco meses en la prórroga concedida. El pedido fue aceptado por los vocales del organismo de control, pero el último plazo venció el 30 de diciembre de 2006.