"No tenemos facultades para aplicar sanciones"

El subsecretario de Municipios y Comunas resaltó los avances realizados. Afirmó que el Gobierno está obligado a remitir fondos, pese a la mora en la presentación de los balances. Readecuación.

DEFENSA. Acevedo calificó de infundada jurídicamente y de intencionada políticamente la denuncia contra Mansilla. LA GACETA
DEFENSA. Acevedo calificó de infundada jurídicamente y de intencionada políticamente la denuncia contra Mansilla. LA GACETA
Por Redacción Política 05 Febrero 2007
Miguel Acevedo, subsecretario de Coordinación con Municipios y Comunas, no tiene dudas de que la denuncia penal que el radical Ariel García formuló contra su superior, Sergio Mansilla, titular de la secretaría, por mora en la presentación de balances relacionados con las delegaciones rurales, es infundada y sólo responde a motivaciones políticas. "Además de carecer de fundamento jurídico, porque manifiesta un gran desconocimiento, a la presentación la efectuó en el carácter de presidente de la convención de su partido", dijo.

-¿Por qué piensa que García se equivoca?
-La Secretaría no tiene obligación de presentar los balances bimestralmente, sí los comisionados. Lo que hacemos periódicamente es requerir a los que están en mora a que los presenten, y confeccionamos un informe mensual, en el que le decimos al Tribunal de Cuentas cuáles son las comunas que cumplen (o no) con la obligación.

-Pero el índice de morosidad es elevado.
-En setiembre de 2004, la Legislatura sancionó una ley, que autorizó al Tribunal de Cuentas a que apruebe los gastos efectuados por las comunas sin contar con los instrumentos legales idóneos en el período comprendido entre el sexto bimestre de 1991 y el quinto de 2003. Había tal morosidad en la presentación, que se hacía difícil la revisión por parte de los propios organismos de control. Con posterioridad, a partir de nuestra gestión pusimos especial énfasis en requerir el cumplimiento de la obligación de los balances, que nunca antes se había dado.

-Entonces, ¿qué lectura hace de la situación?
-En lo que va de nuestra gestión (desde el sexto semestre de 2003), deberían haber sido presentados a la Secretaría 1.767 balances, y ello sucedió con 1.354, lo que da un cumplimiento del 76,63%. De esa cifra, 972 balances (el 72%) ya fueron revisados y girados al Tribunal de Cuentas. Reconociendo que falta perfeccionar el sistema, el grado de cumplimiento es altísimo comparado con años anteriores.

-¿A qué adjudica la histórica morosidad? Muchos hablan de falta de transparencia.
-Antes, las comunas, por las circunstancias por las que atravesaba la provincia, eran meras pagadoras de sueldos, mientras que ahora, como consecuencia de la descentralización que hubo con esta gestión, tienen obligaciones sociales, sanitarias, reparan caminos, efectúan obras de iluminación y gas, etcétera. Esto implica una complejidad financiera mayor. Hoy hay 25 o 30 comunas que, en cantidad de habitantes, son más grandes que algunos municipios. Todas ellas necesitan una administración que hoy no tienen. Por ejemplo, no cuentan con un secretario de Hacienda ni con un contador general. Urge un cambio y lo estamos haciendo, pero no se logra en tres o cuatro años. Y en cuanto a la falta de transparencia, los informes están en internet (en el sitio oficial de la Provincia), lo que es inédito.

-García afirma que, sin balances, la Secretaría no debería seguir librando fondos a ciegas.
-La ley no nos faculta a aplicar sanciones frente a la no presentación de los balances. La única sanción que prevé la legislación es la intervención, que es facultad de la Legislatura, pero frente a causales de gravedad. Nunca se utilizó este remedio institucional por la mora en la presentación de los balances. Quien sí tiene competencia en sede administrativa es el Tribunal de Cuentas, que puede promover juicios de cuenta (por la falta o irregular rendición de cuentas) y de responsabilidad (por hechos o actos susceptibles de ocasionar un perjuicio al fisco). Mal haríamos con no enviar los fondos para el funcionamiento normal de las comunas aplicando sanciones para las cuales no tenemos facultades legales.

Cuestionamiento del Grupo Alberdi

Los integrantes del Grupo Alberdi lamentaron que el Tribunal de Cuentas haya tenido que elevar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) un informe, según el cual no se conocen los recursos que gira el gobierno provincial a las 93 comunas rurales para la ejecución de un plan de inserción social y laboral de desocupados. "Existe un inescrupuloso manejo de los dineros públicos", aseguraron Alfredo Bolsi, Clímaco de la Peña, Elsa Moreno, Juan Oliver, Guillermo Oliver, Adolfo Poliche y Teresa Piossek Prebisch.
Asimismo, calificaron de "escandaloso" el informe de la propia Secretaría de Coordinación con Municipios y Comuna, según el cual el 70% de las 93 comunas no presentó ninguna rendición de cuentas del dinero recibido durante 2006. "En contraste, la pobreza continúa y al 40% del movimiento económico lo genera el trabajo informal", manifestaron.

















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