Por Redacción Política
04 Febrero 2007
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Uno de los objetivos centrales del Programa Componentes Materiales, según el informe del Tribunal de Cuentas (TC), no pudo ser concretado en la provincia.
El plan preveía mejorar las condiciones de los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, al otorgarles la posibilidad de que participen en el desarrollo de actividades que fortalezcan sus capacidades laborales. Cada proyecto debe contar con un mínimo de 10 beneficiarios de los planes y hasta un máximo de 40.
Sin embargo, los auditores del organismo de control advirtieron sobre una marcada dificultad para insertar a estas personas en la ejecución de los proyectos: menos del 50% de los inscriptos prestó efectivamente servicios.
Los inconvenientes más recurrentes, según el TC, corresponden a inasistencias, recursos humanos no capacitados o zonas en las cuales la mayoría de los beneficiarios son mujeres. “También se generan problemas por el difícil acceso de los beneficiarios a los emprendimientos, por encontrarse las obras alejadas de las comunas”, se aseveró en el informe.
El Tribunal de Cuentas atribuyó la escasa participación de los desocupados en las obras en que los proyectos se ejecutaron con posterioridad al inicio del plan Jefes y Jefas de Hogar.
“Esto significó que se lo considere un derecho adquirido, sin necesidad de tener que hacer nada a cambio. Y aunque exista la posibilidad de darles de baja por incumplimiento, la eventualidad de situaciones conflictivas que obstruyeran el funcionamiento del dificultoso accionar de las comunas hizo que los comisionados rurales se abstuvieran de denunciarlos”, consideraron los contadores fiscales.
Esta contingencia se vio agravada, según se expresa en el informe, porque en las épocas de zafra (tanto del azúcar como del limón), los beneficiarios tienen la posibilidad de mejorar sus ingresos con algún trabajo adicional. “Esto hizo que la magnitud de presencia de los desocupados en los proyectos no fuese superior al 50%”, concluye el informe elevado a la Sigen.
El plan preveía mejorar las condiciones de los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, al otorgarles la posibilidad de que participen en el desarrollo de actividades que fortalezcan sus capacidades laborales. Cada proyecto debe contar con un mínimo de 10 beneficiarios de los planes y hasta un máximo de 40.
Sin embargo, los auditores del organismo de control advirtieron sobre una marcada dificultad para insertar a estas personas en la ejecución de los proyectos: menos del 50% de los inscriptos prestó efectivamente servicios.
Los inconvenientes más recurrentes, según el TC, corresponden a inasistencias, recursos humanos no capacitados o zonas en las cuales la mayoría de los beneficiarios son mujeres. “También se generan problemas por el difícil acceso de los beneficiarios a los emprendimientos, por encontrarse las obras alejadas de las comunas”, se aseveró en el informe.
El Tribunal de Cuentas atribuyó la escasa participación de los desocupados en las obras en que los proyectos se ejecutaron con posterioridad al inicio del plan Jefes y Jefas de Hogar.
“Esto significó que se lo considere un derecho adquirido, sin necesidad de tener que hacer nada a cambio. Y aunque exista la posibilidad de darles de baja por incumplimiento, la eventualidad de situaciones conflictivas que obstruyeran el funcionamiento del dificultoso accionar de las comunas hizo que los comisionados rurales se abstuvieran de denunciarlos”, consideraron los contadores fiscales.
Esta contingencia se vio agravada, según se expresa en el informe, porque en las épocas de zafra (tanto del azúcar como del limón), los beneficiarios tienen la posibilidad de mejorar sus ingresos con algún trabajo adicional. “Esto hizo que la magnitud de presencia de los desocupados en los proyectos no fuese superior al 50%”, concluye el informe elevado a la Sigen.
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