"Poner palos en la rueda a una acción de Gobierno en esta emergencia, sería ponerles palos en la rueda a los tucumanos; y de ninguna manera lo haríamos. Lo que queremos es, además, cumplir con nuestras obligaciones constitucionales sobre el control del manejo de los dineros públicos, para colaborar con los mecanismos y resortes institucionales adecuados. Que (el gobernador José) Alperovich no se preocupe: estamos para ayudar". Los conceptos son del presidente de la Legislatura, Fernando Juri, quien confirmó ayer que la Cámara va a modificar mediante una ley al decreto de necesidad y urgencia por el cual se declara la emergencia hídrica y social de la Provincia. Este faculta al Ejecutivo a reasignar partidas y a contraer endeudamiento, sin aval de la Legislatura. Y autoriza a los funcionarios a realizar las contrataciones que consideren necesarias, cualquiera que fuesen el concepto y el monto.
El vicegobernador aseguró que nadie se puede molestar porque se decida hacer un seguimiento de los recursos del Estado, y destacó que la idea es sancionar una norma que mejore el DNU 1/1. "Vamos a brindarle más herramientas al PE y a ejercer el contralor correspondiente sobre las obras de infraestructura que se llevarán adelante para evitar otra crisis. Será un trabajo conjunto de los poderes para viabilizar los mecanismos. Alperovich no debe molestarse; incluso, tal vez, le demos más de lo que pidió. Todos somos tucumanos, no hay distingos entre oposición y oficialismo y nadie quiere investigar al gobernador", insistió.
Juri cuestionó algunos aspectos del DNU, que fueron esgrimidos para justificar el cambio por una ley. Confirmó que se le fijará un plazo a la emergencia, de entre 120 y 180 días, pero aclaró que, si la situación lo requiere, se aprobarán todas las prórrogas que sean necesarias. Complementariamente, advirtió: "la Legislatura debe saber el monto del empréstito que se quiere tomar y el destino de esos fondos". Ninguno de estos dos puntos están estipulados en el texto original firmado por Alperovich, cuyo plazo para ser tratado vence el 8 de febrero.
La sesión de Cámara sería el jueves o viernes próximo. "Aunque si es sólo para hacer leyes, podemos aprobarlas mañana -precisó el presidente del cuerpo-. Lo que queremos es que sean normas que sirvan, que sean viables, que tengan validez, solidez y seriedad. Que sean consecuencia del relevamiento más completo, para poder determinar el daño real a la gente, a la red vial vecinal y al campo".
Juri volvió a agradecer la ayuda del Gobierno nacional y la visita de los ministros del Gabinete de Néstor Kirchner, pero reiteró que Tucumán tiene los recursos suficientes para reasignar el presupuesto provincial y orientarlo a dar soluciones. Admitió, nuevamente, que el propio Poder Legislativo podría resignar parte de sus fondos con ese fin, y se mostró predispuesto al respecto.
Problemas con donaciones
El vicegobernador aclaró que el manejo de la ayuda social pasa, principalmente, por el Poder Ejecutivo, más allá que desde la Cámara se encaren ciertos auxilios puntuales en las zonas de cobertura de los legisladores.
Consultado sobre el posible uso político o manejo corrupto o clientelar de las donaciones, reconoció: "en toda esta clase de situaciones, lamentablemente, siempre hay gente inescrupulosa que se aprovecha de la necesidad, pero no se puede decir que es de tal o cual partido". En ese sentido, también puntualizó que no recibió ninguna denuncia directa.
"Luego de dar las respuestas, analizaremos las responsabilidades de cada uno, y si esta crisis pudo haberse evitado o no", finalizó.
El control de las obras de infraestructura que lleve adelante el Poder Ejecutivo para evitar futuras inundaciones y la evaluación de las medidas que adopte para paliar la crisis actual, comenzarán a hacerse realidad en la Legislatura.
El vicegobernador Fernando Juri precisó que la próxima semana se conformará un consejo de emergencia en el ámbito parlamentario. Entre las instituciones a las que se invitará para que lo integren se encuentran la Federación Económica de Tucumán; la Sociedad Rural; la Unión Industrial; las entidades cañeras (UCIT, CART y Cactu); colegios profesionales (especialmente, los de ingenieros, de arquitectos y de médicos); las tres universidades con sede en la provincia (UNT, Unsta y Tecnológica); gremios (Uatre, Fotia, Sanidad y Vialidad, entre otros); organizaciones no gubernamentales y funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo.
Este comité tendrá como funciones realizar y analizar los relevamientos sobre la crisis, para redactar informes de la situación. Los estudios se sumarán a los que realice el Gobierno y, de esa manera, se consensuarán las respuestas legales necesarias.
"El reclamo de los vecinos no tiene que ver con medidas coyunturales, sino con soluciones de fondo", manifestó Juri. En ese aspecto, precisó que la comisión de Obras Públicas citará, el próximo martes, al secretario de Obras Públicas de la provincia, Oscar Mirkin, y a los titulares de la Dirección Provincial del Agua, Juan Sirimaldi, y de la Dirección de Vialidad, Raúl Basilio. "La finalidad es resolver los graves problemas del día después y pensar en el Tucumán del mañana", anunció Juri.
El vicegobernador aseguró que nadie se puede molestar porque se decida hacer un seguimiento de los recursos del Estado, y destacó que la idea es sancionar una norma que mejore el DNU 1/1. "Vamos a brindarle más herramientas al PE y a ejercer el contralor correspondiente sobre las obras de infraestructura que se llevarán adelante para evitar otra crisis. Será un trabajo conjunto de los poderes para viabilizar los mecanismos. Alperovich no debe molestarse; incluso, tal vez, le demos más de lo que pidió. Todos somos tucumanos, no hay distingos entre oposición y oficialismo y nadie quiere investigar al gobernador", insistió.
Juri cuestionó algunos aspectos del DNU, que fueron esgrimidos para justificar el cambio por una ley. Confirmó que se le fijará un plazo a la emergencia, de entre 120 y 180 días, pero aclaró que, si la situación lo requiere, se aprobarán todas las prórrogas que sean necesarias. Complementariamente, advirtió: "la Legislatura debe saber el monto del empréstito que se quiere tomar y el destino de esos fondos". Ninguno de estos dos puntos están estipulados en el texto original firmado por Alperovich, cuyo plazo para ser tratado vence el 8 de febrero.
La sesión de Cámara sería el jueves o viernes próximo. "Aunque si es sólo para hacer leyes, podemos aprobarlas mañana -precisó el presidente del cuerpo-. Lo que queremos es que sean normas que sirvan, que sean viables, que tengan validez, solidez y seriedad. Que sean consecuencia del relevamiento más completo, para poder determinar el daño real a la gente, a la red vial vecinal y al campo".
Juri volvió a agradecer la ayuda del Gobierno nacional y la visita de los ministros del Gabinete de Néstor Kirchner, pero reiteró que Tucumán tiene los recursos suficientes para reasignar el presupuesto provincial y orientarlo a dar soluciones. Admitió, nuevamente, que el propio Poder Legislativo podría resignar parte de sus fondos con ese fin, y se mostró predispuesto al respecto.
Problemas con donaciones
El vicegobernador aclaró que el manejo de la ayuda social pasa, principalmente, por el Poder Ejecutivo, más allá que desde la Cámara se encaren ciertos auxilios puntuales en las zonas de cobertura de los legisladores.
Consultado sobre el posible uso político o manejo corrupto o clientelar de las donaciones, reconoció: "en toda esta clase de situaciones, lamentablemente, siempre hay gente inescrupulosa que se aprovecha de la necesidad, pero no se puede decir que es de tal o cual partido". En ese sentido, también puntualizó que no recibió ninguna denuncia directa.
"Luego de dar las respuestas, analizaremos las responsabilidades de cada uno, y si esta crisis pudo haberse evitado o no", finalizó.
Un consejo va a analizar las medidas del Gobierno
El control de las obras de infraestructura que lleve adelante el Poder Ejecutivo para evitar futuras inundaciones y la evaluación de las medidas que adopte para paliar la crisis actual, comenzarán a hacerse realidad en la Legislatura.
El vicegobernador Fernando Juri precisó que la próxima semana se conformará un consejo de emergencia en el ámbito parlamentario. Entre las instituciones a las que se invitará para que lo integren se encuentran la Federación Económica de Tucumán; la Sociedad Rural; la Unión Industrial; las entidades cañeras (UCIT, CART y Cactu); colegios profesionales (especialmente, los de ingenieros, de arquitectos y de médicos); las tres universidades con sede en la provincia (UNT, Unsta y Tecnológica); gremios (Uatre, Fotia, Sanidad y Vialidad, entre otros); organizaciones no gubernamentales y funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo.
Este comité tendrá como funciones realizar y analizar los relevamientos sobre la crisis, para redactar informes de la situación. Los estudios se sumarán a los que realice el Gobierno y, de esa manera, se consensuarán las respuestas legales necesarias.
"El reclamo de los vecinos no tiene que ver con medidas coyunturales, sino con soluciones de fondo", manifestó Juri. En ese aspecto, precisó que la comisión de Obras Públicas citará, el próximo martes, al secretario de Obras Públicas de la provincia, Oscar Mirkin, y a los titulares de la Dirección Provincial del Agua, Juan Sirimaldi, y de la Dirección de Vialidad, Raúl Basilio. "La finalidad es resolver los graves problemas del día después y pensar en el Tucumán del mañana", anunció Juri.
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