Denuncia por estafa en contra del delegado rural de El Chañar

Dos trabajadores aseguran que el funcionario retuvo una parte de sus haberes mensuales. Una persona ya prestó declaración ante el fiscal de turno. Afirmó que su marido recibió $ 150 por mes sin comprobantes.

SORPRESA. Ramón Ablanedo dice que se percató de que había sido contratado por la comuna cuando pidió informes a la AFIP, a la Anses y al PE. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
SORPRESA. Ramón Ablanedo dice que se percató de que había sido contratado por la comuna cuando pidió informes a la AFIP, a la Anses y al PE. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
Por Redacción Política 19 Enero 2007
Las denuncias penales jaquean al comisionado rural de El Chañar, Enrique Ignacio Robles. En los primeros días del año en curso, al menos dos vecinos de la localidad ubicada al este de la capital acudieron a la Justicia para demandar al funcionario. Según afirman, prestaron servicios en la comuna por $ 150 mensuales, cuando en realidad fueron contratados -sin su conocimiento- por cifras superiores.
Ayer, el fiscal de la X Nominación, Guillermo Herrera, tomó declaración a Sara Francisca Jiménez. La mujer detalló que su marido comenzó a trabajar en octubre de 2005 en la comuna. En su testimonio aseguró que el comisionado rural le solicitó una fotocopia del DNI y le anunció que sería tomado para trabajar por $ 150. Según fuentes judiciales, Jiménez declaró que su esposo nunca firmó un recibo de sueldo, pero que recibía ese dinero el día 15 de cada mes.
La presunta irregularidad habría salido a luz cuando el trabajador quiso cobrar un plan social. Según relató, se dio cuenta de que no podría recibir el beneficio porque figuraba como contratado por la comuna. Agregó en su denuncia que, tras intentar contactarse con el comisionado, la secretaria habilitada de la comuna y hermana de este, María Argelia Robles, reconoció que el marido de Jiménez había sido contratado y que su sueldo era dividido entre cuatro personas.
Una denuncia con contenido similar fue entablada por Ramón Antonio Ablanedo, con el patrocinio de los abogados Luis Romero Abadie y Gustavo Morales. El joven demandó a Robles por presunto fraude a la administración pública y por estafa. Detalló que ingresó a trabajar en la comuna en febrero de 2005 como albañil a cambio de $ 150 mensuales. “En marzo fue afectado a realizar refacciones en el domicilio particular del delegado comunal y, en abril, para construir un locutorio en el domicilio de la madre del delegado”, se expuso en el escrito.
El denunciante puso en conocimiento de la situación al gobernador José Alperovich. “Se quedan con dinero ya que sólo dan $ 150 por mes cuando en la documentación hacen figurar que se percibe $ 850 a $ 1.000”, señaló en una carta documento dirigida al titular del Poder Ejecutivo.








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