Procesan en otra causa a Menéndez y a Zimmerman

Los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez, Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo y el ex policía Roberto Heriberto Albornoz fueron procesados por nuevos casos de violaciones a los derechos humanos, en las causas abiertas en la Justicia Federal.
A los acusados se le dictaron nuevas prisiones preventivas y cuantiosos embargos, que se suman a los que ya tenían en su contra por distintos hechos, según las decisiones firmadas por el juez federal Jorge Parache a fines de diciembre pasado. Las resoluciones serán notificadas a las partes luego de la feria de enero.
Uno de los casos se refiere al secuestro, el 3 de junio de 1977, de Joaquín Ariño, quien era estudiante y empleado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Tenía 27 años y estaba casado. Luego de su desaparición, según testimonios aportados a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), fue visto en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía.
Parache responsabilizó a Menéndez, Zimmerman y Albornoz de los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita, desaparición forzada y torturas, pero dictó la falta de mérito en la acusación por homicidio ya que no fue encontrado el cuerpo. Cada uno fue embargado por $ 700.000.
En otra causa, el magistrado imputó a los tres ex altos jefes de la dictadura y a Cattáneo por privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado, con embargos por $ 1,5 millón en cada patrimonio.
El pronunciamiento recayó sobre un hecho considerado clave para la determinación del accionar del terrorismo de Estado por parte del fiscal federal Emilio Ferrer, quien lleva adelante las investigaciones. Se trata del asesinato de cinco militantes justicialistas, ocurrido el 20 de mayo de 1976, en Azcuénaga 1.816, barrio Esteban Echeverría.
Ese día aparecieron los cuerpos sin vida de María Alejandra Romero Niklison, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. En todos los casos, el médico forense determinó que las muertes se produjeron por impactos de bala en la nuca y en la cabeza, con estallido de cráneo. Así, el informe oficial dio por tierra la primera versión de que las víctimas habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre una célula subversiva y efectivos del Ejército, y le posibilitó a Ferrer esgrimir la tesis de un fusilamiento, aceptada por Parache.
En estas causas no se falló respecto de la situación de Antonio Domingo Bussi, ya que no se le pudo tomar declaraciones indagatorias por razones de salud.


En la Justicia Federal de Tucumán hay dos causas relacionadas con María Estela Martínez de Perón, que se vienen investigando en el despacho del fiscal federal Emilio Ferrer, por desapariciones forzadas de personas. Si se concreta la extradición de la ex Presidenta de la Nación, se facilitaría la citación para que venga a la provincia a que preste declaración indagatoria cuando avance la investigación.
Los planteos giran sobre el decreto que dispuso la puesta en marcha del Operativo Independencia, en febrero de 1975 y firmado por la ex Presidenta. Según la documentación disponible en la Fiscalía Federal, ya antes del golpe de Estado funcionaron en Tucumán dos centros clandestinos de detención: la Escuelita de Famaillá y el ex ingenio Nueva Baviera.
Ferrer confirmó que sigue el mismo criterio que el juez de Mendoza, Héctor Acosta, por entender que "Isabel" Perón fue como la principal responsable de la decisión. Agregó que ya hay un requerimiento penal ante Parache, el que será ampliado, y que en los expedientes se presentó como querellante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.