Antes de que terminara 2006, y de que se dictara el decreto de necesidad y urgencia que dispone una operatoria de préstamos para los municipios por $ 450 millones, el Poder Ejecutivo afectó $ 156 millones como línea de crédito, también para las intendencias.
El decreto 3.882/3 de la Secretaría de Hacienda, fechado el 30 de octubre y firmado por el gobernador José Alperovich, el ministro de Economía, Jorge Jiménez y el secretario del área, Eduardo Garvich, establece la afectación de esos recursos en préstamos para los gobiernos locales, para el período 2006/2007.
La disposición fue comunicada oportunamente a la Legislatura, para dar cumplimiento a las obligaciones legales, pero no hace falta la ratificación parlamentaria porque, en este caso, se trata de un decreto simple (no es de necesidad y urgencia). Ocurre que la Casa de Gobierno fue habilitada por la Cámara en el presupuesto 2006 (artículo 20) a incrementar ciertas partidas de forma autónoma, entre las que figura la incorporación de eventuales préstamos a Municipalidades y a comunas rurales.
Del total de estos $ 156 millones, $ 132,7 millones corresponden a ingresos tributarios provinciales y $ 23,5 millones a la coparticipación federal de impuestos y otros recursos.
Operatoria con títulos
El decreto de necesidad y urgencia 52/3 (fue dictado por Alperovich con acuerdo de su gabinete) facultó a Jiménez a firmar convenios de préstamos con 18 municipios (La Cocha no está comprendida) por $ 424 millones. (Ver “Cuenta regresiva...”)
Este monto se compone de $ 118,4 millones destinado al plan de obras públicas 2007-2008, mientras que los $ 305,6 millones restantes se afectarán a las obligaciones salariales de las administraciones. De hecho, este mismo decreto prorroga por todo 2007 el Pacto Social con los municipios del interior y el Convenio Transitorio que, en idéntico sentido, suscribió con la capital. Graneros, Simoca, Burruyacu, Aguilares, Las Talitas y Trancas (no están comprendidos en estos acuerdos por los que ceden parte de la coparticipación para que la Provincia se haga cargo de la planilla de sueldos), podrán suscribir préstamos para la realización de obras públicas.
Las administraciones que tomen estos préstamos pondrán, como garantía, sus respectivos Títulos Escriturales para el Crecimiento Municipal. Estos valores, a su vez, están respaldados con la coparticipación de impuestos y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que deberán ceder al Ejecutivo.
LA GACETA publicó oportunamente las sucesivas autorizaciones que los concejos deliberantes dieron a las intendencias para emitir esos títulos municipales. En rigor, las 18 municipalidades, en conjunto, pueden endeudarse con esos valores escriturales en cifras mayores a las consignadas en el DNU. Por ello, el Gobierno decreta que el ministro podrá ampliar el importe de préstamos a $ 450 millones.
El decreto 3.882/3 de la Secretaría de Hacienda, fechado el 30 de octubre y firmado por el gobernador José Alperovich, el ministro de Economía, Jorge Jiménez y el secretario del área, Eduardo Garvich, establece la afectación de esos recursos en préstamos para los gobiernos locales, para el período 2006/2007.
La disposición fue comunicada oportunamente a la Legislatura, para dar cumplimiento a las obligaciones legales, pero no hace falta la ratificación parlamentaria porque, en este caso, se trata de un decreto simple (no es de necesidad y urgencia). Ocurre que la Casa de Gobierno fue habilitada por la Cámara en el presupuesto 2006 (artículo 20) a incrementar ciertas partidas de forma autónoma, entre las que figura la incorporación de eventuales préstamos a Municipalidades y a comunas rurales.
Del total de estos $ 156 millones, $ 132,7 millones corresponden a ingresos tributarios provinciales y $ 23,5 millones a la coparticipación federal de impuestos y otros recursos.
Operatoria con títulos
El decreto de necesidad y urgencia 52/3 (fue dictado por Alperovich con acuerdo de su gabinete) facultó a Jiménez a firmar convenios de préstamos con 18 municipios (La Cocha no está comprendida) por $ 424 millones. (Ver “Cuenta regresiva...”)
Este monto se compone de $ 118,4 millones destinado al plan de obras públicas 2007-2008, mientras que los $ 305,6 millones restantes se afectarán a las obligaciones salariales de las administraciones. De hecho, este mismo decreto prorroga por todo 2007 el Pacto Social con los municipios del interior y el Convenio Transitorio que, en idéntico sentido, suscribió con la capital. Graneros, Simoca, Burruyacu, Aguilares, Las Talitas y Trancas (no están comprendidos en estos acuerdos por los que ceden parte de la coparticipación para que la Provincia se haga cargo de la planilla de sueldos), podrán suscribir préstamos para la realización de obras públicas.
Las administraciones que tomen estos préstamos pondrán, como garantía, sus respectivos Títulos Escriturales para el Crecimiento Municipal. Estos valores, a su vez, están respaldados con la coparticipación de impuestos y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que deberán ceder al Ejecutivo.
LA GACETA publicó oportunamente las sucesivas autorizaciones que los concejos deliberantes dieron a las intendencias para emitir esos títulos municipales. En rigor, las 18 municipalidades, en conjunto, pueden endeudarse con esos valores escriturales en cifras mayores a las consignadas en el DNU. Por ello, el Gobierno decreta que el ministro podrá ampliar el importe de préstamos a $ 450 millones.







