Jueces discrepan en un dictamen

La liberación de un empresario de la noche. Un camarista dijo que debían imputarlo por su participación en el delito de abuso sexual.

14 Enero 2007
“Por mi parte, considero que existen sobradas pruebas para sostener como probable la participación culpable de Ingrao, en el delito de participación Criminal Necesaria en el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal, en el hecho investigado en autos”. Esta es parte del voto emitido por el camarista Pedro Roldán Vázquez en relación con el caso de la joven que denunció haber sido violada por el propietario de un pub, quien recuperó su libertad el viernes.
El empresario, dueño de uno de los boliches de la zona del ex Abasto, se vio beneficiado por los votos que emitieron los vocales Eudoro Albo, Horacio Villalba y Roldán Vázquez. Pero este último, en su dictamen, indicó: “aun contrariando mi apreciación personal del caso, mi voto ha de ser el de hacer lugar al desistimiento fiscal de la medida de coerción, y disponer el cese de la detención, pero no el de hacer lugar a la revocación del auto del juez de Instrucción, que encuentro suficientemente motivado y fundado”.  Roldán Vázquez le da la razón al juez Alfonso Zottoli, quien había denegado el pedido de eximición de prisión del sospechoso.
El empresario estuvo detenido desde el 27 de diciembre, cuando se entregó en Tribunales. El hecho por el cual estaba acusado ocurrió en la madrugada del 9 de diciembre. Una menor dijo que fue a un boliche, junto a otra amiga, en donde la emborracharon y presuntamente la drogaron. Después, advirtió luego, la habrían llevado a un hotel alojamiento donde abusaron de ella. Pero su misma amiga desvinculó al empresario al decir que no había sido él quien había estado con la presunta víctima, sino otro hombre.
La fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira entendió que no había pruebas contra el empresario y opinó que se debía decretar la eximición de prisión, lo que fue compartido por Albo y por Villalba. Al contrario, Roldán Vázquez aseguró que el acusado debe ser imputado por su participación necesaria en el abuso, un delito que tiene penas de entre 6 y 15 años de prisión.
La causa, igualmente, seguirá siendo investigada por la fiscal María de las Mercedes Carrizo cuando culmine la feria judicial.








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