Rechazan el traslado de Bussi a la cárcel de Villa Urquiza

El ex gobernador Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del III Cuerpo de Ejército, recibieron ayer un inesperado regalo de fin de año. No tendrán que cumplir en la cárcel de Villa Urquiza la orden de prisión preventiva que pesa sobre ellos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Por el contrario, por razones humanitarias (el primero tiene 80 años y padece problemas cardíacos, mientras que el segundo tiene 79 años), podrán gozar del beneficio de la detención domiciliaria.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones, que revocó la sentencia del 2 de octubre, favorable al traslado a una cárcel común, que había dictado el juez federal Jorge Parache y que había sido recurrida por Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado de los militares retirados. El fallo fue firmado por los vocales Graciela Fernández Vecino, Ernesto Wayar y Marina Cossio de Mercau, y por los conjueces Enrique Andrada Barone y Carlos Caramuti, que debieron intervenir porque se habían excusado los camaristas Raúl David Mender y Ricardo Sanjuán.
El tribunal fue terminante. “Los imputados, independientemente de la calidad de los delitos endilgados, se encuentran amparados por las situaciones que habilita la ley para la procedencia del arresto domiciliario: la edad avanzada (mayores de 70 años)”, concluyeron los camaristas. De este modo, dejaron en claro que el beneficio -de la detención domiciliaria- procede incluso en las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad.
Además de la edad de los detenidos, en el caso de Bussi, también se tuvieron en cuenta  informes médicos sobre su situación. “Estos dan cuenta que padece problemas crónicos (psíquicos y físicos), que aconsejan su internación en un nosocomio de la especialidad, para su recuperación psicofísica”, manifestaron.

Precisión teórica
De forma doctrinaria, los camaristas se preocuparon por precisar que la detención domiciliaria sustituye a la prisión preventiva o, en su defecto, a la pena de prisión cuando se cumplen los requisitos previstos por la Ley 24.660. “Pero en modo alguno supone la impunidad de los supuestos responsables de los delitos investigados”, advirtieron.
En segundo lugar, la Cámara también desechó la posición de quienes sostienen que el beneficio no procede cuando a los imputados se los incrimina por delitos de lesa humanidad. “Esto habilitaría una lesión irremediable de las garantías constitucionales fundantes del estado democrático de derecho (derecho de defensa, a la igualdad de trato, a un proceso justo con plena vigencia de las garantías procesales y penales, y a la humanidad de las penas), que este tribunal tiene por mandato resguardar”, destacaron.
Los camaristas insistieron en su posición. “La negación del pedido (realizado por la defensa), efectuando distinciones que la norma no habilita, supondría empoderar (sic) a algunas personas con más derechos o con un mejor derecho que otras, lo que resulta a todas luces inaceptable desde la defensa institucional y democrática del estado de derecho”, concluyeron. Según el abogado Conesa Ruiz, la Cámara debe resolver la libertad de Bussi.



El presidente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, expresó su beneplácito por la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que rechazó el traslado de Antonio Bussi al penal de Villa Urquiza.
“Esto es sólo el comienzo de un camino en el que pretendemos la absolución del general Bussi”, afirmó. El senador nacional responsabilizó al poder político central por la detención de su padre. “El Gobierno nacional ha pretendido durante estos tres años distraer a la sociedad, imputando a Bussi delitos que jamás cometió, para tapar la falta de ideas y la corrupción imperante en la Argentina”, insistió.
También Luis José Bussi desbordó de alegría. “Los republicanos en particular y los tucumanos en general están llenos de algarabía. Se hizo Justicia al modificar positivamente la desproporcionada y arbitraria resolución del cuestionado juez Jorge Parache, efectuada bajo la sombra de la sospecha. No podía haber salido otra decisión, porque la resolución no encontraba sustento legal, y sólo obedecía a la sumisión que este magistrado demuestra tener respecto del poder político nacional”, afirmó.




En el recurso que había planteado contra la resolución del juez federal Jorge Parache, Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado de los militares retirados, había ofrecido el lugar para el cumplimiento de la detención domiciliaria de sus clientes (esto debe ser actualizado). En el caso de Antonio Bussi, había propuesto a Magdalena Medina, domiciliada en San Martín 98 (Yerba Buena) como garante de la medida.




Desde el 16 de marzo, Bussi cumple la docena de procesamientos -con órdenes de prisión preventiva- que pesan en su contra en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En el caso de Luciano Benjamín Menéndez, el 26 de febrero fue trasladado a esa dependencia desde Córdoba, en un avión militar. No obstante, a lo largo del año ha viajado constantemente entre Córdoba y Tucumán, puesto que en Córdoba también afronta causas por violaciones a los derechos humanos.




La Cámara Federal de Apelaciones consideró procedente la concesión del beneficio del arresto domiciliario a los imputados, pese a la opinión negativa -no vinculante- del titular de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Juan Carlos Wlasic. Este sostuvo que las personas procesadas por graves violaciones a los derechos humanos deben estar alojados en dependencias del servicio penitenciario federal.




A principios de octubre, el juez Jorge Parache, a pedido del fiscal federal Emilio Ferrer, había ordenado que Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez cumplieran prisión preventiva en el penal de Villa Urquiza. A criterio del magistrado, no había razones para que procesados por la Justicia ordinaria cumplieran una medida restrictiva de la libertad en una dependencia de las Fuerzas Armadas, como el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga).