La Corte considera inoportuno reducir las condenas a presos

La Corte Suprema de Justicia se pronunció formalmente en contra de la reducción de condenas que piensa otorgar el Poder Ejecutivo para más de la población que habita las cárceles de la Provincia.
El tribunal emitió ayer su opinión por unanimidad mediante la acordada 840, firmada por Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Area Maidana y Antonio Gandur, en la cual señalan que consideran que la medida es inoportuna e inconveniente.
De todas formas, esta posición no afecta la facultad que tiene el Gobierno (a través del artículo 101, inciso 10 de la Constitución provincial) de disponer las reducciones de penas del modo que considere hacerlo.
Los jueces de la Corte recordaron que tradicionalmente tienen una posición contraria a la reducción y/o fijación de penas a los internos condenados por delitos comunes, ya que, consideran, las decisiones judiciales deben ser inexorablemente cumplidas.
"A ello se suma el desmesurado aumento de la delincuencia, que provoca intranquilidad y un descreimiento generalizado de la sociedad en sus instituciones protectoras. Este Poder Judicial está obligado a brindar un cada vez mejor servicio de Justicia, garantía y seguridad en beneficio de la sociedad toda", sostuvieron a través de la acordada.
La Corte abordó también, en tono crítico, el trámite burocrático que se le dio a esta medida. Recordó que el expediente de la Dirección General de Institutos Penales de Tucumán tenía 102 fojas al llegar a los tribunales, el 22 de este mes, y alcanzaba a más de 180 internos sobre los 355 que ocupan las prisiones.

Consulta tardía
"Llama la atención a este Tribunal que cuatro días hábiles antes de finalizar el año llegue el expediente de referencia para una consulta constitucional. Como un órgano colegiado, (la Corte) cuenta con auxiliares propios para controlar y estudiar la situación de los 355 internos, en muchos de los cuales se emitió opinión técnica profesional antes de que se los condenara; más aún, en días previos fue motivo de comentarios por los medios de prensa, sin que esta Corte conozca absolutamente nada de la situación", se quejaron los magistrados.
La polémica empezó cuando se supo que la Dirección de Institutos Penales había enviado al Poder Ejecutivo un listado de casi 200 internos de los tres centros de detención de la provincia, recomendando la reducción de condenas en un porcentaje de entre un 1 y un 5 %, a raíz de su buena conducta y de sus avances en la rehabilitación.
Al día siguiente, el ministro fiscal, Luis de Mitri, afirmó que la Corte no avalaría las reducciones de penas. "La Corte jamás estará de acuerdo con la reducción de penas, ya que las condenas deben cumplirse", dijo De Mitri cuando se le consultó acerca de la decisión del Poder Ejecutivo de beneficiar al 50% de los condenados con el acortamiento de las sentencias.
"Cuando se ve que casos en los que se logró una condena luego son sujetos a reducción de penas crece un sentimiento público de desconfianza en la Justicia", expresó De Mitri en esa ocasión.