Procesan a un empresario por dañar el ambiente

El juez federal Jorge Parache dispuso el procesamiento de Héctor Enrique Márquez, director de la empresa Transportes 9 de Julio SA (recolectora de residuos), en el marco de una causa en la que se investiga la presunta responsabilidad de la firma en la contaminación del río Salí.
La Justicia, además, resolvió que Márquez continúe en libertad (artículo cuarto de la resolución de Parache), pero ordenó un embargo de los bienes del empresario por un monto de $ 700.000 (artículo quinto), por considerarlo presunto autor del delito de violación de la legislación sobre los residuos peligrosos (Ley 24.051). Esta norma establece, en su artículo 55, que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200° del Código Penal el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo el agua la atmósfera o el ambiente en general”.
La causa judicial se inició en 1998, a partir de la denuncia que presentó el abogado Orlando Velio Stoyanoff Isas. En el expediente se menciona que, el 28 de junio de 2000, se constató que en el predio de Los Vázquez había residuos patógenos sin un tratamiento adecuado. En aquel momento, ese sitio todavía servía como depósito final de la basura de la capital.
El fallo judicial explica que, en base a la inspección realizada por personal del Siprosa y supervisada por la fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Carlos Albaca, se descubrió que entre los residuos urbanos había “gasas, algodones con exudados sanguinolentos, jeringas descartables, pañales y envases que contenían suero fisiológico y plasma sanguíneo, entre otros elementos contaminantes”.

Planteo de la defensa
Durante el proceso judicial, la defensa legal de Márquez, a cargo de los abogados José Fernando Carbonell y Agustín Ferrari, había solicitado la nulidad de la citación a declaración indagatoria del imputado, realizada el 3 de agosto de este año. Sin embargo, en la resolución judicial, Parache declaró “abstracto el recurso de nulidad” y resolvió su rechazo.
El fiscal federal, Emilio Ferrer, aseguró -durante el proceso judicial- que la firma privada depositó residuos domiciliarios y patógenos en Los Vázquez, sin el tratamiento correspondiente que ordenan las normas vigentes. “La descomposición de los desechos discurre una carga contaminante hacia el río Salí; produciendo la contaminación de la atmósfera, del suelo y del agua, poniendo en peligro la salud de las personas”, precisó.

Pericias químicas
La contaminación, según el expediente, también se detectó en el agua, a raíz de la presencia de elevados niveles de cromo hexavalente (provoca daños en la salud), según las pericias realizadas por la Policía Científica del Departamento Químico de Gendarmería Nacional.
Ayer LA GACETA intentó infructuosamente contactar al empresario Márquez. En la causa, también figura una denuncia pública efectuada en abril de 2000 por el entonces Director de Medio Ambiente de la provincia, Juan González. En aquel momento, el funcionario había advertido que el predio de Los Vázquez no reunía las condiciones sanitarias que exigen las leyes.


1 - La empresa 9 de Julio tiene la concesión del servicio de recolección de la basura desde 1991. Desde aquel año, tuvo sucesivas prórrogas contractuales.

2 - El contrato con el municipio vencerá en 2013 y tiene una opción de prórroga por tres años; es decir hasta 2016. El costo actual es de casi $ 3 millones por mes.

3 - El vaciadero de Los Vázquez se cerró en diciembre de 2004. Desde aquel momento, los residuos se depositan en Pacará Pintado.

4 - La firma tiene pendiente el plan de cierre de Los Vázquez, lo que implica hacer las obras necesarias para sanear la contaminación en ese sitio.