Dato acusó a un legislador de transgresión ética

El caso del homicidio de Lucas Fernández, ocurrido hace una década, por el cual estuvo preso el ex policía Andrés Miguel hasta que se benefició de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, está pasando de ser un hecho penal a generar una imprevista tensión política.
Ayer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, en una reacción muy infrecuente, descalificó con duros términos al legislador radical Juan Roberto Robles, que había afirmado que el poder político maneja a la Justicia (lo sostuvo desde su banca, en la sesión parlamentaria del martes). El dirigente de la UCR advirtió que podrían iniciarse juicio político contra quienes fallaron contra Miguel y acusó a Dato de hacer actividad política.
El conductor del Poder Judicial no se quedó callado. "Lo de Robles es de una pasmosa ligereza, porque lleva al seno de un cuerpo legislativo un problema de su estricta actividad profesional -aseguró-. Me aterra que un integrante de la comisión de Juicio Político piense que se pueda acusar a quienes fueron parte de la causa. Si bien no es ilegal que un legislador ejerza la abogacía, en este caso hay una terrible transgresión ética, que le debería impedir hacer este tipo de manifestaciones", aseveró.
Dato señaló que el proceso en el caso Fernández fue largo, y aseguró que hubo entorpecimiento en la investigación cuando Robles patrocinaba a Miguel; recordó que el ex policía estuvo prófugo de la Justicia y que hubo que traerlo detenido del extranjero.
"Son cosas harto conocidas en una población tan pequeña como la de Tucumán. La Corte de la Nación, luego de tenerlo en estudio por cuatro años, revocó el fallo centrado en una de las pruebas (el reconocimiento de Miguel por amigos de Fernández) y no de todo el plexo probatorio de la condena; podría haberlo hecho antes, pero hubo un fuerte giro por la presencia garantística de Eugenio Raúl Zaffaroni en su cuerpo, en defensa del principio de inocencia", señaló.

Sin baldón
El juez supremo recalcó que no se ejerce el poder disciplinario por parte de los órganos del Estado cuando hay soluciones jurisdiccionales como las que se dispuso por la Nación. "En lo personal, no estoy preocupado, porque lo que hice fue en el absoluto convencimiento de que estábamos en el buen camino. Que se revoque una sentencia no representa ningún baldón para la Corte local", puntualizó.
El magistrado admitió que, si la investigación reúne nuevas pruebas suficientes, se podría llegar a una nueva condena contra Miguel, lo que no puede descartarse del todo. Señaló que la línea argumental de la defensa era que el ex policía no había estado en el lugar del hecho, y dejó a su conciencia el conocimiento de cómo fue la situación.
"Eximo a Antonio Raed de las mismas responsabilidades que a Robles, porque tiene parentesco con la familia Miguel (son primos hermanos)", dijo el magistrado. El legislador del PJ también se pronunció en forma crítica sobre el funcionamiento de la Justicia.


Los abogados que litigan en el foro local deberán apurarse a presentar sus últimos escritos del año. Y los jueces provinciales tendrán que acelerar la resolución de las urgencias pendientes y a dictar sentencias. Hoy será el último día hábil en los Tribunales tucumanos hasta el final de la feria de enero.
Mientras que el pasado 23, los tres poderes del Estado mantuvieron abiertas sus puertas y la actividad fue normal, para mañana el Poder Judicial decidió saltar el cerco y disponer un asueto administrativo en todos sus despachos.
El otorgamiento del asueto judicial no fue un paso sencillo, sino que fue tomado ayer por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en votación dividida: Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Area Maidana y Antonio Gandur se pronunciaron a favor, mientras que René Mario Goane y Alberto José Brito lo hicieron en contra de la medida.
La fundamentación de la mayoría justificó el permiso en que "el tradicional festejo que se celebra con motivo de la finalización del año es previo a la iniciación del receso de enero en el Poder Judicial, e impide en muchos casos la reunión del personal con sus familiares, cuando residen en lugares distantes". Los vocales agregaron: "es público y notorio la escasez de pasajes y los grandes riesgos en las rutas nacionales". En los considerandos previos del pronunciamiento oficial se afirmó: "la Corte prefiere preservar la integración de la familia judicial, siguiendo la tradición cuando el comportamiento anual es satisfactorio".
En su voto en disidencia, Goane y Brito resaltaron que tienen otro criterio. "Prolongar la inactividad judicial al 29, cuando el año finaliza el 31, puede resultar perjudicial para unos y favorable para otros de quienes acuden a los estrados en busca de Justicia", sostuvieron.


El asueto dispuesto para mañana por el Poder Judicial y la ratificación por parte del gobernador José Alperovich de que se trabajará esa jornada en el Poder Ejecutivo, puso a la Legislatura en la necesidad de adoptar una definición.
Ayer, entre el personal legislativo y entre los propios parlamentarios se hicieron comentarios risueños sobre los caminos posibles del vicegobernador Fernando Juri: imitar a la Corte Suprema de Justicia o seguir los pasos del titular del PE, con quien mantiene una fría relación.