Por Redacción Política
27 Diciembre 2006
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Algunos concejales se refugiaron en la terraza, otros huyeron hacia un bar que estaba ubicado al lado del edificio. En 1999, el temor los invadió cuando una virulenta protesta de los empleados municipales que reclamaban por los sueldos atrasados terminó con un incendio en la entrada al edificio, que en aquel momento, funcionaba en 24 de Setiembre al 300.
La puerta de acceso (vidrio) fue destruida y, luego encendieron fuego. Los ventanales de los pisos superiores fueron destrozados con piedras y palos que lanzaban los manifestantes. El humo denso se colaba por las propiedades vecinas y, algunos ediles de aquella gestión, pensaron que estaba en riesgo sus vidas.
Varias oficinas quedaron totalmente destruidas, principalmente en la planta baja, al igual que el primer piso, donde funcionaba un improvisado recinto de sesiones.
Aquel espacio era por demás incómodo para el trabajo legislativo de los diferentes bloques y para el público que pretendía seguir las deliberaciones en cada sesión. Además, presentaba serios flancos en la cuestión de la seguridad. Muchas veces, los concejales se quejaron por la falta de garantías para continuar una sesión con normalidad: sin agravios del público.
El caos urbano, a fines de la década del 90, se extendía como una bola de nieve en la capital y en otros municipios vecinos, como el caso de Banda del Río Salí y de Yerba Buena.
En la capital, por ejemplo, los municipales también habían apedreado una sede de Fuerza Republicana, en aquel momento, ubicada en Monteagudo al 100. El entonces ministro de Gobierno, Alfredo Linares, había señalado a LA GACETA que "bajo ningún concepto se pueden tolerar manifestaciones que comprometan la seguridad de las personas".
Aquellos hechos, marcaron a varios ediles que, preocupados por su seguridad, decidieron trasladar el funcionamiento del Concejo a su actual emplazamiento en la sede del ex Banco Municipal.
La puerta de acceso (vidrio) fue destruida y, luego encendieron fuego. Los ventanales de los pisos superiores fueron destrozados con piedras y palos que lanzaban los manifestantes. El humo denso se colaba por las propiedades vecinas y, algunos ediles de aquella gestión, pensaron que estaba en riesgo sus vidas.
Varias oficinas quedaron totalmente destruidas, principalmente en la planta baja, al igual que el primer piso, donde funcionaba un improvisado recinto de sesiones.
Aquel espacio era por demás incómodo para el trabajo legislativo de los diferentes bloques y para el público que pretendía seguir las deliberaciones en cada sesión. Además, presentaba serios flancos en la cuestión de la seguridad. Muchas veces, los concejales se quejaron por la falta de garantías para continuar una sesión con normalidad: sin agravios del público.
El caos urbano, a fines de la década del 90, se extendía como una bola de nieve en la capital y en otros municipios vecinos, como el caso de Banda del Río Salí y de Yerba Buena.
En la capital, por ejemplo, los municipales también habían apedreado una sede de Fuerza Republicana, en aquel momento, ubicada en Monteagudo al 100. El entonces ministro de Gobierno, Alfredo Linares, había señalado a LA GACETA que "bajo ningún concepto se pueden tolerar manifestaciones que comprometan la seguridad de las personas".
Aquellos hechos, marcaron a varios ediles que, preocupados por su seguridad, decidieron trasladar el funcionamiento del Concejo a su actual emplazamiento en la sede del ex Banco Municipal.
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