La libertad de Miguel fue tema de debate en la Cámara

La última sesión del año de la Legislatura contó con una presencia que causó sorpresa. El ex policía Andrés Miguel, beneficiado por el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que dispuso su libertad en la revisión de la causa por el homicidio de Lucas Fernández, presenció ayer el debate.
Miguel fue el centro de las miradas en el período de manifestaciones generales, debido a que dos legisladores, el radical Juan Roberto Robles y el alperovichista Antonio Raed, que fueron sus defensores, se refirieron a las irregularidades del expediente. Ambos expresaron que hay que denunciar ante la comisión de Juicio Político a los magistrados y funcionarios judiciales que actuaron en el caso.
Durante la sesión se hizo un minuto de silencio en homenaje a Jorge Víctor Miguel, padre de Andrés, quien falleció a poco tiempo de ser detenido su hijo. “Hay una absoluta falta de responsabilidad de Miguel, ya que todas las pruebas vinculaban a otra persona. Detrás de este proceso estaba encaramado el poder político, que antes y ahora sigue dirigiendo la Justicia, especialmente desde el Ministerio de Gobierno y desde la Procuración Fiscal. En su momento, contaron con la complicidad de un sector de la Policía corrupta, y del fiscal Pedro Gallo, junto con otros magistrados. Sólo la camarista penal Liliana Vitar dijo que Miguel era inocente. Hoy, el caso está a fojas cero. Fue un papelón, un horror judicial, una calamidad jurídica”, destacó Robles.
El dirigente radical comparó el juicio con el famoso caso de la destitución del militar francés Alfred Dreyfus, a fines del siglo XIX, condenado falsamente por alta traición. El letrado reclamó a la Legislatura que haga juicios políticos para destituir a los magistrados que actuaron en el caso, y que le exija al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, que “deje de hacer política, y que trabaje para el Poder Judicial”.

Acceso restringido
Raed (primo hermano de Andrés Miguel y sobrino carnal de Jorge Miguel) aseguró que se cometió la más grande de las injusticias. “No estuvieron a la altura de las circunstancias los jueces elegidos por el Consejo Asesor de la Magistratura, una corporación que ya no tiene vigencia. Dirigieron de forma unidireccional una investigación que tenía muchos matices. El accionar del fiscal estuvo impregnado de malas intenciones”, dijo.
El ultraoficialista Daniel Heredia se sumó a las críticas a la Justicia y resaltó la afectación del principio de inocencia y la violación de los derechos constitucionales en la causa Fernández.
Sostuvo que deberá empezarse de nuevo, lo que genera una fuerte preocupación sobre el funcionamiento de los tribunales.
Tras tratarse el tema en el recinto, Miguel estuvo en el comedor de la Legislatura hablando con Robles, lo que generó malestar en algunos legisladores porque es un lugar de acceso restringido.