Hasta 2013, deben desaparecer los basurales actuales

El nuevo régimen de manejo de la basura fue sancionado ayer en la Legislatura, en un clima que contrastó con las tensiones que se vivieron hace 86 días, cuando el mismo tema llegó al recinto. El 2 de octubre, se rechazó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo sobre esta materia. El hecho llevó al punto máximo la crisis entre juristas y alperovichistas.
A las 15.30 de ayer, en cambio, se aprobó por unanimidad el nuevo sistema de generación, manipulación, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, con la modificación de la ley 7.622.
El tratamiento de la norma que reemplazó al DNU fue un intercambio de elogios entre opositores, juristas y alperovichistas.
"Pese a que se habló de pulseada entre oficialistas, se hizo un trabajo serio. El resultado es una ley para toda la provincia, no sólo para los residuos de la capital", manifestó Alejandro Sangenis (MP3), presidente de la comisión de Ecología, la cual dictaminó la propuesta. Su tarea y la de los miembros de ese organismo legislativo fueron elogiadas por los peronistas Sisto Terán, Rodolfo Ocaranza, José Alberto Cúneo Vergés y Oscar Godoy, así como por Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes).
Los juristas, veladamente, "pasaron facturas". Ocaranza destacó que esta ley tenía la misma trascendencia que la creación de los entes de Turismo o de Cultura, por lo que demandaba un debate arduo en lugar de la convalidación de un DNU. "Me alegra que el tiempo nos haya dado la razón, porque, desde octubre, las cosas en mi bloque cambiaron un poco", afirmó el titular de la bancada del oficialismo.
Godoy, en tanto, recordó que el gobernador, José Alperovich, afirmó que la Legislatura pone "palos en la rueda" a su gestión. "Hubo agravios en contra nuestra por rechazar el DNU, cuyo contenido es convertido en ley ahora", recalcó.
La nueva norma establece que el Gobierno tiene un año para establecer un programa de erradicación de los basurales a cielo abierto, los cuales deben haber desaparecido en 2013.
A la vez, se ordena al Gobierno que cumpla con la creación de un camino especial hacia la planta de tratamiento de Monte Redondo - Overa Pozo (lo fija la ley 7.678). Hasta que no sea habilitado ese acceso, no podrán iniciarse los trabajos de la planta.