El dificultoso entramado que se tejió dentro del justicialismo para que el Presupuesto 2007 sea aprobado en la sesión legislativa del martes estuvo a punto de abrirse en mil hilos. Pocos minutos antes de que la comisión parlamentaria de Hacienda emitiese dictamen unánime y sin cambios, el viernes pasado, al proyecto de ingresos y egresos del próximo año, desde el Poder Ejecutivo se intentó lograr la sanción de superpoderes para el gobernador José Alperovich. La estrategia fracasó, pero volvió a deteriorar la frágil relación entre ultraoficialistas y juristas.
La iniciativa que no prosperó había sido justificada por el Ministerio de Economía en la necesidad de evitar errores en la imputación de partidas, hasta tanto se tenga pleno dominio del nuevo sistema contable, impuesto desde la Nación. Sobre esa explicación, se remitió un proyecto redactado por el cual la Legislatura habilitaba al gobernador a disponer cambios y adecuaciones en la distribución de las partidas (principalmente nacionales) sin aprobación parlamentaria. Sin embargo, en la propuesta no había mayores precisiones.
Esta iniciativa fue entendida por los juristas y por la oposición como un intento liso y llano de que el mandatario tenga facultades, sin ninguna clase de control, para aumentar o reducir los fondos para cualquier ministerio, ente, oficina o repartición del Estado. El temor alcanzó, incluso, a que se puedan alterar las partidas de los otros poderes, lo que fue descartado de plano. Por ello, la negativa a la propuesta fue firme y cerrada.
En un momento de la reunión, se habló incluso de un dictamen en minoría, a ser firmado por los ultraoficialistas Beatriz Avila (PJ) y Jorge Mendía (ex UCR), ante la presión de Casa de Gobierno y pese a una previsible derrota en el recinto. En el otro extremo estaba atrincherado el jurista Víctor Lossi, quien reclamaba el rechazo total de la idea del PE.
La opción
En ese momento, se abrió una tercera posibilidad, la que finalmente prosperó en el texto definitivo firmado en la comisión que preside Fernando Juri Debo, y que llegará al recinto.
La opción consensuada fue darle al Gobierno un plazo máximo de 90 días (puede hacerlo en menos tiempo) para remitir una ley complementaria al Presupuesto 2007 en la cual se dispongan las nuevas definiciones de cuentas, con una nomenclatura adecuada a los requerimientos de la Nación (impuestos en la Ley de Responsabilidad Fiscal), que exige reformulaciones de términos para unificar todos los sistemas contables de las provincias. De este modo, se busca poder ejercer un mejor control sobre las cuentas del Estado, con un sistema de cálculo fiable y ágil.
Si bien el presupuesto es el principal tema por tratar en la sesión, habrá otros asuntos en el orden del día que generarán tensiones entre los sectores políticos, como la creación de una comisión de estudio de la cuenta de inversión 2005.
Uno de los más sensibles es el relacionado con el horario de cierre de los boliches, ya que el jurismo pretende ampliarlo en dos horas (pasará de las 4 a las 6), lo que es resistido por los alperovichistas. También hay roces en lo referido a la ley que ordena la normalización de los entes públicos intervenidos en un plazo de 60 días de sancionada la ley al respecto. Ambas iniciativas podrían ser vetadas por Alperovich.
Las diferencias entre los peronistas no avanzan sobre otros aspectos económicos. Están abroquelados en la prórroga, por un año más, de las emergencias Económica y Energética, fustigadas desde la oposición.
La iniciativa que no prosperó había sido justificada por el Ministerio de Economía en la necesidad de evitar errores en la imputación de partidas, hasta tanto se tenga pleno dominio del nuevo sistema contable, impuesto desde la Nación. Sobre esa explicación, se remitió un proyecto redactado por el cual la Legislatura habilitaba al gobernador a disponer cambios y adecuaciones en la distribución de las partidas (principalmente nacionales) sin aprobación parlamentaria. Sin embargo, en la propuesta no había mayores precisiones.
Esta iniciativa fue entendida por los juristas y por la oposición como un intento liso y llano de que el mandatario tenga facultades, sin ninguna clase de control, para aumentar o reducir los fondos para cualquier ministerio, ente, oficina o repartición del Estado. El temor alcanzó, incluso, a que se puedan alterar las partidas de los otros poderes, lo que fue descartado de plano. Por ello, la negativa a la propuesta fue firme y cerrada.
En un momento de la reunión, se habló incluso de un dictamen en minoría, a ser firmado por los ultraoficialistas Beatriz Avila (PJ) y Jorge Mendía (ex UCR), ante la presión de Casa de Gobierno y pese a una previsible derrota en el recinto. En el otro extremo estaba atrincherado el jurista Víctor Lossi, quien reclamaba el rechazo total de la idea del PE.
La opción
En ese momento, se abrió una tercera posibilidad, la que finalmente prosperó en el texto definitivo firmado en la comisión que preside Fernando Juri Debo, y que llegará al recinto.
La opción consensuada fue darle al Gobierno un plazo máximo de 90 días (puede hacerlo en menos tiempo) para remitir una ley complementaria al Presupuesto 2007 en la cual se dispongan las nuevas definiciones de cuentas, con una nomenclatura adecuada a los requerimientos de la Nación (impuestos en la Ley de Responsabilidad Fiscal), que exige reformulaciones de términos para unificar todos los sistemas contables de las provincias. De este modo, se busca poder ejercer un mejor control sobre las cuentas del Estado, con un sistema de cálculo fiable y ágil.
Si bien el presupuesto es el principal tema por tratar en la sesión, habrá otros asuntos en el orden del día que generarán tensiones entre los sectores políticos, como la creación de una comisión de estudio de la cuenta de inversión 2005.
Uno de los más sensibles es el relacionado con el horario de cierre de los boliches, ya que el jurismo pretende ampliarlo en dos horas (pasará de las 4 a las 6), lo que es resistido por los alperovichistas. También hay roces en lo referido a la ley que ordena la normalización de los entes públicos intervenidos en un plazo de 60 días de sancionada la ley al respecto. Ambas iniciativas podrían ser vetadas por Alperovich.
Las diferencias entre los peronistas no avanzan sobre otros aspectos económicos. Están abroquelados en la prórroga, por un año más, de las emergencias Económica y Energética, fustigadas desde la oposición.
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