Planteo de incompetencia contra Racedo

Siguen generándose incidencias en la principal causa (Borquez) en la que se investiga una presunta defraudación contra el Estado con títulos de la deuda pública. Osvaldo Siseles, uno de los seis procesados y ex subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación, planteó una cuestión de competencia por entender que el delito que le imputan (supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario) debería ser investigado en la Capital Federal, donde él prestaba funciones, y no en Tucumán.
Siseles efectuó la presentación teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal de la Nación autoriza a introducir la cuestión de la competencia en cualquier etapa de la instrucción.
Como planteos de este tipo dan lugar a un incidente, para cuya resolución deben intervenir el magistrado y el fiscal que están actuando (en el último caso, se le corren vistas del escrito para que emite una opinión, que no es vinculante), Siseles recusó al juez federal subrogante Mario Racedo y al fiscal Carlos Brito. Habría argumentado que ambos, a juzgar por sus actos, ya tendrían formada una opinión sobre el tema. La recusación también alcanza al titular del juzgado federal número uno, Jorge Parache.
La razón invocada por Siseles -para recusar a Brito y a Racedo- estaría vinculada al hecho de que el primero pidió que lo citaran a declarar como imputado en Tucumán, mientras que el segundo dispuso su procesamiento y ordenó el embargo sobre sus bienes por $ 200.000.

Un poco de historia
Racedo decretó el procesamiento de Siseles (este ya apeló por medio de su codefensor, Luciano Rodríguez Rey), por entender que omitió formular la pertinente denuncia penal tras haber advertido irregularidades en las causas sobre títulos públicos. "Habría incurrido en acciones y omisiones tipificadas como abuso de autoridad", argumentó.
Como los abogados que representaban al Estado no materializaron una denuncia penal, el destituido juez Felipe Terán (otro de los procesados) siempre se jactó de haber sido el primero que giró la causa al fiscal Brito frente a la posibilidad de que se hubiera cometido un delito.


El juez federal subrogante Mario Racedo le impuso al Estado nacional $ 150 diarios de astreintes (sanción pecuniaria compulsiva) por cada día que pase sin cumplir la resolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones en la causa "Díaz".
Se trata del primer expediente en el que fue cuestionada la pesificación de los títulos públicos en el que la Cámara Federal estableció que, para dictar una medida cautelar, había que verificar que los bonos hubieran sido adquiridos antes del default (declaración de cesación de pagos), de diciembre de 2001, y que el caso se encuadraba en algunas de las excepciones previstas para evitar el diferimiento de pagos.
El 17 de febrero, la Cámara revocó la sentencia que había dictado el ex juez federal Felipe Terán (había negado una cautelar) y ordenó al fisco que se abstuviera de pesificar (a $ 1,4 más CER) los títulos que, por la suma de U$S 19.070, había accionado Ramón Díaz. El 20 de julio y a pedido del demandante (argumentó la necesidad de someterse a controles de salud y de adquirir medicamentos), el tribunal ordenó al Ministerio de Economía que, por el momento, le abonara el capital vencido (correspondiente a los bonos) y la renta, pesificados a $ 1,4 por dólar más CER.
Frente al incumplimiento de la segunda resolución de la Cámara, el abogado de Díaz, Gonzalo Bernabé Casas, requirió a Racedo (reemplaza al destituido Terán) la imposición de astreintes. El juez hizo lugar teniendo especialmente en cuenta el delicado estado de salud del demandante.