Nueve a dos fue un resultado clave y repetido ayer en la sesión del Concejo Deliberante de Concepción. Los temas más importantes, por su peso financiero, terminaron con nueve votos a favor y dos en contra.
Así ocurrió, por ejemplo, cuando los concejales votaron la autorización para la emisión de títulos escriturales por un monto total de $ 17 millones. En los fundamentos de la iniciativa se expresa que la situación económica y financiera del municipio obliga a adoptar medidas que le permitan recibir fondos para concretar obras públicas y, a su vez, refinanciar los pasivos. Además, se autoriza al intendente Osvaldo Morelli (Participación Cívica) a efectuar compras y contrataciones directas, obviando el llamado a licitación pública.
“Paradójicamente, hace 15 días el secretario de Hacienda, Sergio Andina, y el contador general, Ernesto Lépore, anunciaron con bombos y platillos que la Municipalidad tenía superávit; y resulta que ahora dicen que la situación del municipio es otra y que necesitan emitir títulos públicos. Dándole facultades al Ejecutivo, el Concejo queda anulado en su rol de agente de contralor”, afirmó el concejal Raúl Albarracín.
Los ediles también aprobaron la emisión de títulos para la consolidación de la deuda pública (Consadep II) sin fijar un monto tope. En este caso, se autorizó a Morelli a acordar con el Gobierno esos valores a cambio de ceder la coparticipación municipal.
Otro de los proyectos que también se aprobó por nueve a dos fue el del presupuesto municipal 2007, por un monto global de $ 40,8 millones. Esta iniciativa había generado polémica cuando Morelli presentó la documentación oficial con tan solo una planilla y dos carillas de detalle. Sin embargo, ayer se aprobó con esos mismos papeles.
El edil Horacio Esterman había firmado el dictamen de minoría por el rechazo. Dijo que los montos totales informados por el municipio no coinciden con los montos totales de las cuentas. También advirtió que no se incluyeron los $ 17 millones de los títulos escriturales, lo que obligará a modificar luego el presupuesto.
Tanto Albarracín como Esterman votaron en contra de los tres proyectos en los que el oficialismo logró imponer la mayoría para su aprobación. A la sesión, que duró unas cuatro horas, no asistió el concejal Juan Carlos Sarachaga.
El grupo Alberdi, a través Clímaco de la Peña, criticó el endeudamiento en títulos escriturales por $ 20 millones del municipio de Yerba Buena. Argumentó que la norma, sancionada el jueves por el Concejo Deliberante, establece una total dependencia con el Poder Ejecutivo, que es quien efectúa los préstamos.
“Los municipios cayeron en el círculo diabólico de tener que emitir títulos pagando fuertes sumas por su colocación”, explicó la organización. También señaló que el municipio estaría en condición de afrontar sus deudas si dispusiera del dinero que le corresponde por la coparticipación de los impuestos provinciales y nacionales, que pagan los vecinos y que no se destinan a las obras públicas y a los servicios.
En tanto, el concejal Marcelo Rojas (Ciudadanos contra la Corrupción), que votó en contra del proyecto que finalmente fue aprobado, apuntó que la redacción de la normativa hacía sospechar de “maniobras financieras que podrían perjudicar al municipio, ya que su explicación es muy breve y con puntos ambigua interpretación”.
“El proyecto carece de detalles técnicos para su implementación y, además, no cuenta con los informes necesarios para determinar el monto que se debe saldar con la emisión”, aseveró el edil de Yerba Buena.
También argumentó que los dichos del intendente Roberto Martínez Zavalía sobre la necesidad del empréstito para solventar el pago de los salarios no se condecía con lo transcripto en el proyecto.
Así ocurrió, por ejemplo, cuando los concejales votaron la autorización para la emisión de títulos escriturales por un monto total de $ 17 millones. En los fundamentos de la iniciativa se expresa que la situación económica y financiera del municipio obliga a adoptar medidas que le permitan recibir fondos para concretar obras públicas y, a su vez, refinanciar los pasivos. Además, se autoriza al intendente Osvaldo Morelli (Participación Cívica) a efectuar compras y contrataciones directas, obviando el llamado a licitación pública.
“Paradójicamente, hace 15 días el secretario de Hacienda, Sergio Andina, y el contador general, Ernesto Lépore, anunciaron con bombos y platillos que la Municipalidad tenía superávit; y resulta que ahora dicen que la situación del municipio es otra y que necesitan emitir títulos públicos. Dándole facultades al Ejecutivo, el Concejo queda anulado en su rol de agente de contralor”, afirmó el concejal Raúl Albarracín.
Los ediles también aprobaron la emisión de títulos para la consolidación de la deuda pública (Consadep II) sin fijar un monto tope. En este caso, se autorizó a Morelli a acordar con el Gobierno esos valores a cambio de ceder la coparticipación municipal.
Otro de los proyectos que también se aprobó por nueve a dos fue el del presupuesto municipal 2007, por un monto global de $ 40,8 millones. Esta iniciativa había generado polémica cuando Morelli presentó la documentación oficial con tan solo una planilla y dos carillas de detalle. Sin embargo, ayer se aprobó con esos mismos papeles.
El edil Horacio Esterman había firmado el dictamen de minoría por el rechazo. Dijo que los montos totales informados por el municipio no coinciden con los montos totales de las cuentas. También advirtió que no se incluyeron los $ 17 millones de los títulos escriturales, lo que obligará a modificar luego el presupuesto.
Tanto Albarracín como Esterman votaron en contra de los tres proyectos en los que el oficialismo logró imponer la mayoría para su aprobación. A la sesión, que duró unas cuatro horas, no asistió el concejal Juan Carlos Sarachaga.
“Los municipios cayeron en un círculo diabólico”
El grupo Alberdi, a través Clímaco de la Peña, criticó el endeudamiento en títulos escriturales por $ 20 millones del municipio de Yerba Buena. Argumentó que la norma, sancionada el jueves por el Concejo Deliberante, establece una total dependencia con el Poder Ejecutivo, que es quien efectúa los préstamos.
“Los municipios cayeron en el círculo diabólico de tener que emitir títulos pagando fuertes sumas por su colocación”, explicó la organización. También señaló que el municipio estaría en condición de afrontar sus deudas si dispusiera del dinero que le corresponde por la coparticipación de los impuestos provinciales y nacionales, que pagan los vecinos y que no se destinan a las obras públicas y a los servicios.
En tanto, el concejal Marcelo Rojas (Ciudadanos contra la Corrupción), que votó en contra del proyecto que finalmente fue aprobado, apuntó que la redacción de la normativa hacía sospechar de “maniobras financieras que podrían perjudicar al municipio, ya que su explicación es muy breve y con puntos ambigua interpretación”.
“El proyecto carece de detalles técnicos para su implementación y, además, no cuenta con los informes necesarios para determinar el monto que se debe saldar con la emisión”, aseveró el edil de Yerba Buena.
También argumentó que los dichos del intendente Roberto Martínez Zavalía sobre la necesidad del empréstito para solventar el pago de los salarios no se condecía con lo transcripto en el proyecto.







