Otro duelo interno por organismos intervenidos

La Legislatura se convirtió en un sitio de enfrentamiento político en la provincia. Un punto de roce entre los alperovichistas y sus aliados, por un lado, y los juristas y los opositores, por el otro, es el proyecto para disponer la normalización de los entes públicos intervenidos por el Estado. La iniciativa llegará al recinto con dos despachos de la comisión de Asuntos Constitucionales: el mayoritario, a favor; y otro de rechazo, con la sola firma del ultraoficialista Sisto Terán.
Los proyectos se concretaron luego que LA GACETA hizo, el lunes, un amplio informe sobre todos los organismos estatales que están intervenidos.
El dictamen de la mayoría (firmado por el bussista Padilla y por los juristas Rodolfo Ocaranza y Víctor Lossi) respeta la potestad del Poder Ejecutivo para decidir intervenciones, atento a antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales (se cambió el texto original, que obligaba a la participación de la Legislatura), pero se impone un plazo de 120 días, prorrogables por 60 días más como máximo, para la normalización de los entes. También se limitan las facultades de los interventores, cuyas decisiones estarán acotadas al tiempo de actuación.
El punto más ríspido es el que dispone que todos los entes actualmente intervenidos deben ser normalizados en 60 días, medida que alcanzaría al Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS); a los entes reguladores del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) y de Energía de Tucumán (Epret) y la Caja Popular de Ahorros. Por ello, en el PE se piensa en vetar la ley, si es aprobada.

Ley de acefalía
La comisión también dictaminó a favor de la nueva Ley de Acefalía, para cumplir con el mandato de la reforma. En cambio, no trató la intervención al Concejo Deliberante de Banda del Río Salí, porque no recibió la documentación solicitada de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se tramita una denuncia judicial.