Allanan el estudio de un abogado

Siguen adelante las investigaciones por supuestas irregularidades en causas vinculadas a títulos públicos. El martes a la tarde, por orden del juez federal subrogante Mario Racedo, fueron concretados dos allanamientos, pero no pudieron encontrar el expediente extraviado (debió ser reconstruido) que estaban buscando.
Con el respaldo de la Policía Federal, los procedimientos fueron encabezados por el secretario Horacio Argüello (penal) y por el prosecretario Alberto Zelaya, en el estudio jurídico de César Roque Paliza (h) -pasaje 2 de abril 347, 5º “A”- y en el del contador Alberto Scaravilli López (Lucas Córdoba 550), respectivamente. En el caso de la medida efectuada en las oficinas de Paliza (h), como afectaba a un abogado, se notificó al colegio que nuclea a los letrados y concurrió Juan Carlos López Márquez (vocal primero de la institución) para supervisar la actuación.
Sólo habrían secuestrado documentación (copias de escritos) en la vivienda de Scaravilli López, razón por la que Racedo ahora pediría a la secretaría civil del juzgado federal número uno (donde fue tramitada la causa) que le informe si está vinculada con el expediente desaparecido. Por este hecho, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó un sumario administrativo.

Cautelar de Parache
El caso cobró relevancia porque recientemente el fiscal federal Carlos Brito requirió a Racedo que cite a declarar a Scaravilli López y a Paliza (h) -era el apoderado del primero- en el carácter de presuntos autores de una supuesta defraudación contra el Estado, y al juez federal Jorge Parache como presunto partícipe necesario.
En el requerimiento, Brito conjeturó que hubo una maniobra especulativa, mediante la cual el demandante invirtió $ 295.750 en títulos públicos después del default (cesación de pagos) de 2001 y consiguió que, medida cautelar mediante dispuesta por Parache contra la pesificación de los bonos, el Estado le pagara $ 1,2 millón.


El abogado Daniel Martín aprovechó la declaración indagatoria a la que ayer fue citado para embestir contra Julio Camandona y para solicitar una serie de medidas. El objetivo es demostrar que, supuestamente, aquel sí entabló una demanda contra el Estado para reclamar contra la pesificación de los títulos de la deuda pública. Camandona niega este hecho.
Cuando declaró en el mismo carácter (imputado) que Martín, Camandona afirmó que con el abogado sólo había firmado un convenio de honorarios y que, en diciembre de 2005, por la prensa se había enterado de que existía una causa a su nombre, en la que el destituido juez federal Felipe Terán, en noviembre de 2004, había dictado una medida cautelar a su favor.
Con Agustín Ferrari como defensor, Martín negó la imputación de cualquier reproche penal y efectuó una manifestación por escrito. “Camandona, a los fines de la elaboración de la acción instaurada, aportó constancia expedida por M.A. Valores S.A. Sociedad de Bolsa sobre la titularidad de los títulos públicos Bocon Pro 6 depositados en su cuenta comitente. El instrumento fue expedido a petición de su titular el 19 de Octubre de 2.004 por el contador Augusto Rossi”, dice el texto, en el que se pide que este último sea citado para que reconozca el documento.
Asimismo, Martín requirió al juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) que ordene una pericia caligráfica a fin de determinar si corresponden a Camandona las firmas estampadas en otros cuatro expedientes caratulados con su apellido. Pidió, además, que sean citados los médicos que hubieran acreditado cualquier padecimiento de Camandona en los dos expedientes radicados en la Justicia Federal. “El afirma que nunca estuvo enfermo, pero en juicios anteriores acreditó dolencias, no sólo propias sino de la totalidad del grupo familiar”, señaló.