Proponen limitar la intervención a organismos

La intervención de organismos estatales o de entes autárquicos provinciales solo podrá ser resuelta mediante una ley sancionada por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros. Así ocurrirá si prospera el proyecto de ley que acaba de presentar el legislador Ernesto Padilla (FR).
El republicano planteó que la medida sólo deberá aplicarse cuando hechos o circunstancias graves pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos fundacionales del órgano afectado. Y plantea que en ningún caso, la disposición podrá ser dispuesta por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo. En rigor, por decreto gubernamental sólo podrá ser designado el interventor.
“La intervención administrativa es una potestad extraordinaria, que fue usada en forma recurrente, y con plazos que exceden lo razonable para revertir la crisis. Se ha transformado a la intervención en un modelo consolidado de administración”, condenó. “Por ello, el proyecto prevé dejar en manos del Poder Legislativo la decisión de esta medida extrema”, puntualizó.
El opositor, en ese sentido, advirtió que en la provincia se encuentran, en esa situación, el Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), la Caja Popular de Ahorros (CPA), el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret), el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Epret) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).
Precisamente, LA GACETA, en su edición del pasado lunes, dio cuenta de la situación administrativa de estos organismos.
Padilla propone que la intervención que se disponga no exceda los 180 días corridos. Ese plazo puede ser prorrogado una única vez por el Poder Ejecutivo, sólo por 90 días más. Complementariamente, la iniciativa impulsa que el interventor, a los 30 días de asumir el cargo, informe al Ejecutivo y a la Legislatura sobre el estado general del ente o del organismo del que se hace cargo.