Los jueces de la Corte aún no se expidieron, pero lo rechazarían

La Constitución de la Provincia faculta en exclusividad al gobernador, en este caso a José Alperovich, a otorgar los beneficios y las fijaciones de pena a los condenados. Se trata de una práctica que se repite casi siempre a fin de año y que siempre es objetada por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, aunque en este caso su opinión no es vinculante.
El año pasado, en una acordada firmada por los jueces Carlos Dato, René Goane, Alberto Brito, Héctor Area Maidana y Antonio Gandur, se rechazó en duros términos el otorgamiento del beneficio. "Es tradicional para este Tribunal mantener una posición contraria a la reducción y/o fijación de penas a los internos penados por delitos comunes, por considerar que las decisiones judiciales deben ser inexorablemente cumplidas", dijeron en ese momento los jueces. "Sumado a ello -agregaron en la respuesta-, el desmesurado aumento de la delincuencia provoca intranquilidad y descreimiento generalizado de la sociedad en sus instituciones protectoras". Se descuenta que este año se repetirá la negativa de los magistrados.

Distintas dependencias
El pedido de la Dirección de Institutos Penales debe pasar primero por el Ministerio de Seguridad Ciudadana, y posteriormente por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Luego de ser analizado es enviado a la Corte, para que los magistrados den su opinión al respecto. Posteriormente, es derivado a la Fiscalía de Estado y finalmente a la Dirección de Leyes y Decretos de la Casa de Gobierno, tras lo cual es puesto a disposición del gobernador para que lo firme. Actualmente la población carcelaria de la provincia supera las 1.000 personas, aunque sólo 400 de ellas están condenadas. El resto espera la realización de juicios o que se defina su situación procesal atendiendo que no se haya resuelto si se pide o no prisión preventiva en su contra.