Aconsejarían que se tramite en Tucumán una denuncia

Daniel Marranzino, fiscal de la Cámara Penal de la Provincia, ya tendría tomada la decisión de aconsejar que sea ese tribunal el que intervenga en la denuncia que el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) promovió contra el destituido juez federal Felipe Terán por supuestas injurias (desacreditar o deshonrar a otro).
Basándose en los últimos criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales más importantes del país, el funcionario judicial argumentaría que, para determinar qué órgano es competente para intervenir por razones territoriales, hay que tener en cuenta el lugar donde se produjeron los efectos del hecho supuestamente injuriante. En este caso, sería Tucumán, en virtud de la difusión que la prensa dio al cruce entre Terán y Vargas Aignasse.
Como la opinión de Marranzino no es vinculante, los vocales de la sala II de la Cámara Penal (Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y César Vera) deberán resolver si ese tribunal es el competente o si corresponde girar la denuncia a la Capital Federal.
En el tribunal tienen dudas acerca de dónde se habría configurado el supuesto hecho ilícito atribuido a Terán por Vargas Aignasse. Este, en el texto de su querella, había sostenido que el delito se habría consumado en esta capital durante la conferencia de prensa del 30 de octubre. Pero en ella, Marcelo Brito, abogado del ex magistrado, relató que ese mismo día, en la Capital Federal, Terán había concretado una denuncia penal contra Vargas Aignasse y contra el también diputado Manuel Baladrón (PJ) por presunta extorsión.
Terán denunció que, durante una conversación (ofreció un casete), Vargas Aignasse le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón votara a favor de su absolución en el Jurado de Enjuiciamiento.