"Corresponde abrir un proceso de destitución contra el juez Parache"

"Hasta febrero no habrá novedades, pero en mi opinión estrictamente personal corresponde la apertura de un proceso de destitución, porque se trata de una situación muy similar a la de Felipe Terán". Esto es lo que el viernes se limitó a anticipar a LA GACETA, desde Buenos Aires, la diputada nacional Diana Conti (PJ) en relación con el sumario en marcha contra el juez federal Jorge Parache por presuntas irregularidades en la tramitación de causas contra el Estado por la pesificación de títulos de la deuda pública.
El jueves, Conti fue elegida presidenta de la fundamental Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación. La vicepresidencia recayó en Santiago Montaña, consejero que representa a los abogados.
Durante la próxima semana y en lo poco que queda del año, los nueve miembros de la comisión no tratarán ningún expediente en particular -tampoco el de Parache-, porque intentarán fijar el nuevo reglamento para poder trabajar durante 2007. Ocurre que, como consecuencia de los cambios introducidos a la conformación del Consejo por la Ley 26.080, las comisiones de Acusación y Disciplina, que antes funcionaban por separado y con normativa propia en cada caso, fueron fusionadas en una.
La aprobación del nuevo marco legal para poder actuar es considerada tan importante que el martes habrá una reunión conjunta de las comisiones de Acusación y Disciplina, y de Reglamentación, que preside la senadora justicialista María Laura Leguizamón. El objetivo es que el jueves se presente al plenario del Consejo (lo forman los 13 miembros), para su aprobación, un proyecto unificado y consensuado.
El oficialismo (cuenta con cuatro de los nueve miembros) pretende que todas las denuncias que ingresen contra los magistrados sean sustanciadas por medio de un único procedimiento y que, al final, se resuelva si corresponde una mera sanción disciplinaria, promover la destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o archivar las actuaciones. Los representantes de los jueces (Luis María Cabral y Luis María Bunge Campos), en cambio, serían partidarios de que, desde la apertura misma del sumario, queden diferenciadas -con sus respectivos trámites- las situaciones disciplinarias de las que podrían dar lugar a un pedido de remoción.

Cerca del final
Hasta que sea establecido el nuevo reglamento, Conti fue autorizada a distribuir entre los nueve consejeros los expedientes que antes llevaban otros, que ya no están (el 17 de noviembre el número de miembros del Consejo se redujo de 20 a 13). No es el caso del sumario de Parache, que continúa bajo la instrucción del senador peronista Nicolás Fernández, que, como Conti, formaba parte de la vieja comisión de Acusación.
En el sumario relacionado con Parache sólo resta que Fernández efectúe un dictamen y que lo someta a la consideración de sus pares de la comisión. Puede aconsejar el archivo de las actuaciones o sugerir que el magistrado sea sometido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; en esta última hipótesis, la propuesta debería ser ratificada por el plenario del Consejo, además de por la propia comisión.

Antes que la diputada Diana Conti (ver "Corresponde..."), otros miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación ya habían advertido sobre la delicada situación del titular del Juzgado Federal Nº 1, Jorge Parache, como consecuencia del sumario que le siguen por presuntas irregularidades en la tramitación de causas relacionadas con la pesificación de los títulos de la deuda pública.
Hasta el momento, el que más se pronunció públicamente fue Beinusz Szmukler (dejó de ser consejero el 17 de noviembre), quien el 14 de octubre, durante su última visita a Tucumán, efectuó un severo diagnóstico. "La situación del juez federal Parache es más complicada aún que la de Felipe Terán, porque en su despacho se liberaron más fondos relacionados con títulos públicos en default", aseguró. Cuatro días más tarde Terán fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Rechazo unánime
En mayo y en junio, Szmukler también se había referido al magistrado. Por ejemplo, afirmó que no tenía dudas de que ambos jueces (por Parache y Terán) habían procedido mal y de que el mal desempeño, en ambos casos, resultaba evidente. También manifestó que no lo había satisfecho el descargo que Parache concretó ante la Comisión de Acusación del Consejo, el 16 de mayo.
Las críticas de Szmukler hicieron que Parache efectuara un planteo de recusación en su contra. El objetivo era que Szmukler fuera separado de las actuaciones que había en marcha contra él y contra Terán, por considerar que había incurrido en prejuzgamiento con sus declaraciones a la prensa. Pero el 6 de junio, el pedido del juez fue rechazado de forma unánime por los miembros de la Comisión de Acusación.
El 20 de octubre, después de la destitución de Terán, el diputado nacional Carlos Kunkel (PJ) efectuó un análisis de la situación de la Justicia Federal tucumana. Cuando se le preguntó sobre Parache sonrió, pero no se pronunció en particular. Sí alcanzó a decir: "cuando rigió el neoliberalismo económico, en muchos estamentos del Estado se implementaron prácticas que hartaron a la sociedad".


"En el juicio ?Scaravilli López, Alberto Domingo c/Estado nacional s/inconstitucionalidad-decreto 471/2002? no existe ningún tipo de irregularidades en la presentación de la demanda, en el manejo judicial, en lo referente a la documentación debidamente acreditada en el expediente y probatoria de todo lo narrado en la demanda, ni mucho menos en el cobro de lo debido por el Estado nacional, puesto que el Ministerio de Economía abonó únicamente los títulos acreditados en la cuenta comitente del actor". Esto aseguró a LA GACETA el abogado César Roque Paliza (h), respecto de quien el fiscal federal Carlos Brito solicitó que sea citado a declarar como imputado por la causa. El requerimiento también alcanza al propio Scaravilli López y al juez federal Jorge Parache, aunque bajo diferentes cargos.
El letrado agregó que, según su entender, "no existe la comisión de una defraudación contra el Estado nacional". "Tampoco existe una organización delictiva con la única finalidad de defraudar al Estado", agregó.
Paliza (h) afirmó que, mediante un juicio de inconstitucionalidad del decreto 471/2002 y a través de una medida cautelar, el demandante (Scaravilli López) "solicitó el pago de títulos públicos legítimamente adquiridos en las sociedades de Bolsa controladas y reguladas por el Estado nacional". "A través de esto se logró el cobro de lo adeudado por el único estafador impune, el Estado nacional, que mediante leyes, decretos y resoluciones inconstitucionales dejó de pagar, es decir, declaró el default de las obligaciones oportunamente asumidas mediante la emisión de títulos públicos", añadió el letrado. Este actuó como apoderado de Scaravilli López cuando dedujo la demanda (octubre de 2004).
El abogado insistió en su tesis. "No existe ninguna norma que prohíba la adquisición, transferencia o negociación de los títulos públicos posteriores al default, de enero de 2002. Por ello, las afirmaciones de Brito son erróneas y equivocadas, hasta el punto de que los tenedores anteriores al 31 de diciembre de 2001, que le iniciaron juicio al Estado Nacional, se beneficiaron en un porcentaje muy superior a los que adquirieron los mismos títulos a octubre de 2004", concluyó Paliza (h).