17 Diciembre 2006 Seguir en 
Cada año, varios miles de hombres, mujeres, niños y niñas (la mayoría de ellos de bajos recursos y de lugares pobres de Latinoamérica) son sometidos a una nueva forma de esclavitud: son reclutados con promesas de empleo o atrapados por otros medios para ser utilizados en redes de explotación laboral, sexual, de servidumbre, adopciones ilegales o extracción de órganos.
Argentina no es ajena a esa realidad. El caso de la tucumana María de los Angeles "Marita" Verón es un ejemplo de ello. Tras buscarla durante cinco años, su madre, Susana Trimarco, asegura que la joven, desaparecida en las cercanías de su casa, fue secuestrada por una red de prostitución.
Un proyecto de ley presentado por la diputada tucumana Stella Maris Córdoba en el Congreso de la Nación apunta, justamente, a que el Estado elabore una política para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y sancionar a los responsables. "Hasta el momento, la trata no era vista como un problema estructural, sino como una serie de casos aislados", dijo Córdoba en una publicación de International Press Service. Esta falencia -agregó- obedece a la naturaleza del delito, que requiere la acción de fuerzas de seguridad y de oficinas de los ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Interior y Relaciones Exteriores.
El tema fue discutido en el Seminario Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas, celebrado en noviembre en Buenos Aires. El proyecto prevé crear una Secretaría de Estado dependiente de la Presidencia que intervenga en las acciones contra la trata en todo el país; elaborar un programa de prevención y asistencia a las víctimas, e incorporar al Código Penal condenas mayores y más específicas para estos delitos. Además, se impulsan campañas de difusión sobre las formas de captación en medios de comunicación, escuelas y universidades.
La propuesta Secretaría para la Prevención, Protección y Asistencia a la Víctima del Delito de Trata de Personas tendría como obligación elaborar y poner en práctica un programa nacional para la prevención, protección y asistencia a las víctimas; crear una base de datos en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y coordinar con organizaciones civiles y estatales argentinas y de otros países para erradicar este flagelo.
La iniciativa también prevé que el Estado brinde asistencia a las víctimas de este delito, es decir, que se les proporcione información sobre sus derechos, alojamiento, alimentación y asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, además de oportunidades de empleo, educación y capacitación, y la posibilidad de que se le facilite el regreso a su lugar de origen.
Esclavitud moderna
La trata es la actividad ilícita más lucrativa, después del tráfico de drogas y del de armas, según consta el proyecto presentado por Córdoba.
"Este delito aparece en la actualidad como una manera sofisticada de esclavitud y comprende conductas como el reclutamiento, transporte, traslado o recepción de personas a través de medios como amenazas, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de posición de vulnerabilidad", dice el texto.
"Involucra la tipificación penal y la figura de trata de personas. Se busca generar un espacio dentro del Gobierno, con una Secretaría de Estado que dependa del presidente, y que se dedique a la prevención y asistencia a las víctimas", explicó Córdoba.
"Cualquier país puede ser lugar de captación, de tránsito o de destino, con fines de explotación sexual, doméstica o de trabajos forzados", explicó. "En Argentina -señaló- se firmó en 2002 el protocolo de Palermo, mediante el cual el país se compromete a adecuar su Legislación, y a llevar adelante políticas de Estado, de seguridad y de derechos humanos".
"Hay que hacer un trabajo de coordinación con las provincias; y recabar las experiencias de familiares de víctimas. Hasta a la Justicia le es difícil trabajar, porque estas redes cuentan con connivencias que pueden estar dentro de las fuerzas de seguridad", señaló.
Además, la diputada enfatizó en que es fundamental que el delito de trata de personas pase a jurisdicción federal, para evitar el retardo en la tramitación de los exhortos. "A muchas madres les sucedió que cuando llegan a un allanamiento (en un lugar donde pueden estar sus hijas) ese lugar ya fue desmantelado", indicó.
Un caso paradigmático
Esta legislación tiene un sentido especial si se mira el caso de María de los Angeles "Marita" Verón. La búsqueda de la joven tucumana, desaparecida hace cinco años, fue la llave para descubrir otros casos de mujeres que habían sido secuestradas o llevadas con engaños y obligadas a ejercer la prostitución. "La mamá de Marita, acompañando el proceso judicial, acudió al rescate de más de 90 mujeres que estaban sometidas en redes de tratas", contó la legisladora.
"Es importante que los tucumanos sepan que esto ocurre y que los padres tomen conciencia y puedan estar prevenidos", dijo. Entre las personas más vulnerables están las adolescentes de escasos recursos, porque sus familias no pueden buscarlas", concluyó.
Argentina no es ajena a esa realidad. El caso de la tucumana María de los Angeles "Marita" Verón es un ejemplo de ello. Tras buscarla durante cinco años, su madre, Susana Trimarco, asegura que la joven, desaparecida en las cercanías de su casa, fue secuestrada por una red de prostitución.
Un proyecto de ley presentado por la diputada tucumana Stella Maris Córdoba en el Congreso de la Nación apunta, justamente, a que el Estado elabore una política para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y sancionar a los responsables. "Hasta el momento, la trata no era vista como un problema estructural, sino como una serie de casos aislados", dijo Córdoba en una publicación de International Press Service. Esta falencia -agregó- obedece a la naturaleza del delito, que requiere la acción de fuerzas de seguridad y de oficinas de los ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Interior y Relaciones Exteriores.
El tema fue discutido en el Seminario Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas, celebrado en noviembre en Buenos Aires. El proyecto prevé crear una Secretaría de Estado dependiente de la Presidencia que intervenga en las acciones contra la trata en todo el país; elaborar un programa de prevención y asistencia a las víctimas, e incorporar al Código Penal condenas mayores y más específicas para estos delitos. Además, se impulsan campañas de difusión sobre las formas de captación en medios de comunicación, escuelas y universidades.
La propuesta Secretaría para la Prevención, Protección y Asistencia a la Víctima del Delito de Trata de Personas tendría como obligación elaborar y poner en práctica un programa nacional para la prevención, protección y asistencia a las víctimas; crear una base de datos en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y coordinar con organizaciones civiles y estatales argentinas y de otros países para erradicar este flagelo.
La iniciativa también prevé que el Estado brinde asistencia a las víctimas de este delito, es decir, que se les proporcione información sobre sus derechos, alojamiento, alimentación y asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, además de oportunidades de empleo, educación y capacitación, y la posibilidad de que se le facilite el regreso a su lugar de origen.
Esclavitud moderna
La trata es la actividad ilícita más lucrativa, después del tráfico de drogas y del de armas, según consta el proyecto presentado por Córdoba.
"Este delito aparece en la actualidad como una manera sofisticada de esclavitud y comprende conductas como el reclutamiento, transporte, traslado o recepción de personas a través de medios como amenazas, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de posición de vulnerabilidad", dice el texto.
"Los adolescentes pobres son vulnerables"
El proyecto para la prevención de la trata de personas de la diputada tucumana Stella Maris Córdoba, fue presentado a la Comisión de Legislación Penal y a Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. "Involucra la tipificación penal y la figura de trata de personas. Se busca generar un espacio dentro del Gobierno, con una Secretaría de Estado que dependa del presidente, y que se dedique a la prevención y asistencia a las víctimas", explicó Córdoba.
"Cualquier país puede ser lugar de captación, de tránsito o de destino, con fines de explotación sexual, doméstica o de trabajos forzados", explicó. "En Argentina -señaló- se firmó en 2002 el protocolo de Palermo, mediante el cual el país se compromete a adecuar su Legislación, y a llevar adelante políticas de Estado, de seguridad y de derechos humanos".
"Hay que hacer un trabajo de coordinación con las provincias; y recabar las experiencias de familiares de víctimas. Hasta a la Justicia le es difícil trabajar, porque estas redes cuentan con connivencias que pueden estar dentro de las fuerzas de seguridad", señaló.
Además, la diputada enfatizó en que es fundamental que el delito de trata de personas pase a jurisdicción federal, para evitar el retardo en la tramitación de los exhortos. "A muchas madres les sucedió que cuando llegan a un allanamiento (en un lugar donde pueden estar sus hijas) ese lugar ya fue desmantelado", indicó.
Un caso paradigmático
Esta legislación tiene un sentido especial si se mira el caso de María de los Angeles "Marita" Verón. La búsqueda de la joven tucumana, desaparecida hace cinco años, fue la llave para descubrir otros casos de mujeres que habían sido secuestradas o llevadas con engaños y obligadas a ejercer la prostitución. "La mamá de Marita, acompañando el proceso judicial, acudió al rescate de más de 90 mujeres que estaban sometidas en redes de tratas", contó la legisladora.
"Es importante que los tucumanos sepan que esto ocurre y que los padres tomen conciencia y puedan estar prevenidos", dijo. Entre las personas más vulnerables están las adolescentes de escasos recursos, porque sus familias no pueden buscarlas", concluyó.







