En pocas palabras

Medio centenar de habitantes de El Naranjo y El Sunchal refrendaron un documento por el cual solicitaron al Tribunal de Cuentas que audite la administración de los recursos públicos de esa comuna. En la nota, los vecinos aseguran que la delegada rural, Mercedes del Valle Grau (Propuesta Popular), no cumple con informar a la comunidad, de manera semestral, sobre su acción de gobierno y el destino que da a las rentas y a los fondos públicos. Esta obligación está dispuesta en el inciso 30 del artículo 19 de la ley 7.350. “Nos llama la atención la falta de prestación de servicios públicos: los caminos comunales se encuentran en mal estado, la iluminación es deficiente y, sobre todo, hay una nula asistencia social para los que la necesitan”, expresaron. Los pobladores aseguran, además, que hubo demoras en las obras del centro de atención primaria de la salud (CAPS) de la zona. Como agravante, aseguraron que se sienten discriminados por la funcionaria, a la que acusan de no darles audiencia. “No somos recibidos en la oficina comunal”, concluyeron.


“El 75% de las denuncias presentadas en la Policía y en la fiscalía de turno no son recibidas, ni mucho menos tramitadas; recibí denuncias de madres que se apersonaron en mi partido diciendo que son amenazadas por cuanto quieren expresar que sus hijos son extorsionados si no venden estupefacientes; y la mayoría de ellos son punteros de diferentes políticos”. Así lo señaló el presidente de Pueblo Unido (PU), Gumersindo Parajón. Indicó que la Policía secuestró drogas en allanamientos realizados en Villa 9 de Julio, San Cayetano y Ejército Argentino. “Lo más grave me lo dijo un comisario justificando la no recepción de las denuncias, ya que cada vez que se detiene a un infractor, este tiene padrinos políticos que los sacan”, añadió el ex legislador. Parajón se preguntó cómo se puede hacer para terminar con esta impunidad, con las drogas, la prostitución y las tragamonedas, “si sus dueños son intendentes y políticos”. Finalmente, el titular de PU señaló que no habrá seguridad para los ciudadanos si las instituciones no actúan como corresponde.


La Democracia Cristiana, a través de José Manuel Páez, Oscar Gómez y Eduardo Ramírez, afirmó que el Gobierno pretende disfrazar la realidad tapándola con gastos en una publicidad abrumadora y tendenciosa. “Se pretende justificar el descalabro de la administración y de las finanzas provinciales”, apuntó. Indicó que por un lado se proclama la nueva forma de hacer política y a las falencias se las justifica como una práctica de los gobiernos anteriores. “Nos recuerda a Carlos Menem, con su frase de que si dijera la verdad nadie lo votaría”, añade.
El partido también señaló que la seguridad no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo, dados los acontecimientos en materia de inseguridad pública. “Total, se la utiliza como herramienta para presionar impunemente y acallar a la oposición cuando se pide la rectificación de rumbos y el respeto a las instituciones”, dijo al respecto. Finalmente sostuvo que pedir transparencia al Gobierno es considerado una afrenta y la respuesta son los ataques personales y la descalificación.