Indignación en el campo por el revalúo

El revalúo a los 55.000 inmuebles rurales, que aplicará el Gobierno tucumano a partir de 2007, provoca irritación entre entidades agropecuarias de la provincia, ya que la medida derivó en incrementos de hasta 50 veces (5.000%) en los montos que se pagaban por el impuesto Inmobiliario. La emisión y distribución de las boletas por parte de la Dirección de Rentas puso en guardia a los agricultores.
“Este revalúo es exorbitante y violatorio de la Ley 5.522 (establece el cálculo de las valuaciones fiscales) y de la Constitución nacional, porque no es equitativo ni justo ni razonable”, sentenció el presidente del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Humberto Gordillo.
Precisamente, en la sede de Cactu se reunieron ayer referentes del sector agropecuario tucumano para debatir los pasos a seguir frente al fuerte incremento de la presión fiscal que deberán afrontar cuando tengan que pagar las próximas boletas del impuesto Inmobiliario.
Participaron el titular de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara, y el delegado en Tucumán de la Federación Agraria Argentina (FAA) y vicepresidente de la FET, Miguel Angel Pérez. Además, estuvieron, por Cactu, los productores Ricardo Porcel, Rodolfo Porcel, Edmundo Gramajo, Juan Pablo Terán, José del Pero y Julio Palomares. También participó de la reunión el referente de la Asociación de Productores de Paltas (Apropal) Hermes Rohrmann; los cañeros Rufino Cossio, Luis Torres, Rubén Miguez y Fermín Ruiz Torres; el secretario de la Asociación de Productores Agropecuarios de Tucumán (Apratuc), Matías Ortíz de Rozas; el tabacalero Raúl Robín, y los cañeros y citricultores Luis Barthaburu y María Lilia Barthaburu, miembros de la Sociedad Rural de Tucumán.
“La medida es injusta porque se revalúan solamente los inmuebles rurales y no los urbanos, y la ley debe ser general para todos y no particular. La igualdad es la base fundamental de los tributos”, recalcó Gordillo. Dejó en claro que los agricultores pidieron una audiencia con el gobernador José Alperovich, para solicitarle la suspensión de la aplicación del revalúo, y que se ejecute de una forma adecuada.
“Esto se debe realizar vía censos, como se hizo toda la vida, de acuerdo con los ingresos de los productores, y no en forma global, a mano alzada”, subrayó.
Los productores reunidos en Cactu también denunciaron que el Gobierno difundió de manera poco clara -a través de avisos clasificados- sobre la posibilidad de que los involucrados tomen conocimiento de las nuevas valuaciones. “El 18 del corriente vencen las impugnaciones de esas valuaciones. Si no se impugnan, quedan firmes, y de ahí el productor queda obligado a pagar la boleta como sale”, añadió el presidente de Cactu. En caso de que un agricultor no impugne el revalúo, le queda la opción del reclamo judicial. Hizo hincapié en que los productores deben agotar el recurso por la vía administrativa y apelar las valuaciones. Los trámites para las impugnaciones se pueden realizar en la sede de Catastro de la provincia (Benjamín Aráoz 96, de esta capital), o en la sede de Cactu (Buenos Aires 446, también de esta ciudad).


“El revalúo en las parcelas rurales no tiene valores caprichosos y representa, en promedio, sólo el 30% del valor de mercado de esos campos”. De esa manera, el director de Catastro, Félix Herrero, defendió el reajuste que efectuó el Estado y que significó un fuerte incremento en el impuesto Inmobiliario Rural.
En diálogo con LA GACETA, el funcionario puntualizó ayer que, en Tucumán “se acabó la cultura de la elusión de compromisos”. Herrero desafió públicamente a debatir con los agricultores el valor real de los terrenos que explotan. El titular de Catastro reconoció que había campos que estaban valuados en $ 8.000 y que luego fueron avaluados a cerca de $ 400.000 por las características de la tierra, el uso que se le daba y la extensión. “Ese mismo campo tiene un valor de mercado que supera los $ 2 millones”, manifestó.
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Rentas, durante este año los contribuyentes de las 55.000 parcelas rurales inscriptas debían pagar, en total, unos $ 11.000. Para 2007, tras el revalúo, el monto devengado ascenderá a $ 28 millones, un aumento interanual del 170%.