Informe inmobiliario sobre los bienes de los procesados por la causa Borquez

Ayer, luego de haber sido ratificado por el Consejo de la Magistratura (continuará hasta junio, como mínimo), el juez federal subrogante Mario Racedo reiteró un oficio al Registro Inmobiliario de la provincia. En él intimó a la dependencia para que en el plazo de 24 horas le informe cuáles son los bienes que tienen registrados los procesados por la polémica causa "Borquez". Esta, en la que se investiga una presunta tentativa de defraudación al fisco con títulos de la deuda pública, fue considerada fundamental para que Felipe Terán fuera destituido del despacho que hoy Racedo ocupa provisoriamente.
Racedo se vio obligado a librar un nuevo oficio, porque en el Registro Inmobiliario, frente a la primera requisitoria, le habían pedido precisiones sobre los dominios respecto de los cuales recababa la información. Por ello, en el segundo, directamente solicitó que le enviaran el listado de cada uno de los cinco procesados que viven en esta provincia. En relación con el sexto, Osvaldo Siseles, ex funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, que reside en la Capital Federal y sobre quien pesa una orden de embargo por $ 200.000, el magistrado ordenó que se libren los exhortos correspondientes al órgano correspondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si los montos de los bienes registrados no alcanzaran a cubrir las cifras por las cuales dispuso la traba de los embargos, Racedo solicitará información al Registro de la Propiedad del Automotor.
Los embargos ordenados no son por la misma cifra. En el caso de Terán es por $ 700.000; en los de Yolanda Borquez, Cristina Atim (es hija de aquella), Alfredo Ducca y Daniel Martín es por $ 500.000, y en el de Siseles, por $ 200.000.
Los seis imputados apelaron el auto de procesamiento y los montos de los embargos. Racedo ya los concedió en todos los casos, razón por la que ahora serán elevados a la Cámara Federal de Apelaciones para que resuelva.
Como la interposición de los recursos no suspende la traba de los embargos, Racedo recaba información para efectivizarlos. El fin de esta medida es garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas que pudieran recaer sobre los procesados.