El manejo de los dineros del Estado es el renovado factor de tensión entre alperovichistas y juristas. Algunos referentes de este sector avanzan en la idea de efectuar un profundo análisis de la cuestionada cuenta de inversión 2005 del Estado provincial, atendiendo a algunos de los reclamos realizados desde la oposición.
Una de las acciones en estudio es conformar una comisión especial de seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria del año pasado (no tendrá facultades de investigación). Trabajará sobre la base del informe del Tribunal de Cuentas, para determinar si se produjo alguna irregularidad.
La base de este cuerpo sería la actual integración de la comisión de Hacienda, a la que se sumarán algunos opositores. Además, se podría contratar a expertos para trabajar en ese asunto, con un análisis de cada partida sospechada.
La idea fue reconocida por el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo, que remarcó la necesidad de hacer un estudio profundo. “Es poco serio emitir opinión en 10 días sobre lo que otros hicieron en un año. Tenemos dos períodos parlamentarios para aprobar o rechazar la cuenta de inversión. Si detectamos algo extraño o una anormalidad que haya afectado al erario, ahí crearemos una comisión investigadora. Hasta tanto, la comisión tiene que ser de estudio, porque en el Estado tanto se debe ser transparente como parecerlo. Creo que el Poder Ejecutivo es transparente, hasta que me demuestren lo contrario”, explicó.
El jurista reivindicó la labor del Tribunal de Cuentas y advirtió: “los momentos políticos llevan, muchas veces, a planteos públicos demagógicos”. Admitió que el tema fue tocado tangencialmente en la reunión del pasado lunes con el ministro de Economía, Jorge Jiménez, cuando evaluaron la pauta presupuestaria para el próximo año. “Jiménez acercó 40 hojas y dijo que eran simples errores contables. De ser así, no deben tener ningún temor. Muchas veces, la urgencia nos obliga a obviar las cuestiones burocráticas. No puedo concebir que los planes ‘El hambre más urgente’ o de tabaco no se hayan ejecutado, porque nadie se quejó. Creo que se cumplieron, aunque puede no haberse hecho bien desde lo administrativo”, puntualizó el peronista. Dijo que su objetivo es que, por primera vez en 36 años, se emita dictamen parlamentario en cualquier sentido sobre la ejecución de 2005.
“Tucumán es provincia piloto en el país en implementar una nueva metodología de asiento de cuentas, con mayor celeridad, transparencia y seguridad, con un sistema de cómputos para que cualquier persona controle y realice un seguimiento de sus expedientes”, aclaró.
Juri Debo admitió que Jiménez les pidió que respeten todos los números del proyecto del PE (“fueron fijados por José Alperovich”, dijo), pero señaló que sólo se lo hará en términos globales totales. Destacó que el presupuesto de la Legislatura (rondará entre $ 160 y $ 170 millones), saldrá de una partida reservada para atender desequilibrios.
“También vamos a cubrir algunas obras que los legisladores pidan, el Ente Provincial de Cultura que no estaba previsto, y aumentos salariales; los recursos podrían salir de algunas reparticiones que tienen bastante. Reconozco que las más cuestionadas son las partidas de las secretarías de Prensa y Difusión ($ 13,4 millones) y General de la Gobernación ($ 54,4 millones); cuando yo estaba en esta última dispuse de $ 12 millones y era impresionante el monto”, opinó.
Una de las acciones en estudio es conformar una comisión especial de seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria del año pasado (no tendrá facultades de investigación). Trabajará sobre la base del informe del Tribunal de Cuentas, para determinar si se produjo alguna irregularidad.
La base de este cuerpo sería la actual integración de la comisión de Hacienda, a la que se sumarán algunos opositores. Además, se podría contratar a expertos para trabajar en ese asunto, con un análisis de cada partida sospechada.
La idea fue reconocida por el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo, que remarcó la necesidad de hacer un estudio profundo. “Es poco serio emitir opinión en 10 días sobre lo que otros hicieron en un año. Tenemos dos períodos parlamentarios para aprobar o rechazar la cuenta de inversión. Si detectamos algo extraño o una anormalidad que haya afectado al erario, ahí crearemos una comisión investigadora. Hasta tanto, la comisión tiene que ser de estudio, porque en el Estado tanto se debe ser transparente como parecerlo. Creo que el Poder Ejecutivo es transparente, hasta que me demuestren lo contrario”, explicó.
El jurista reivindicó la labor del Tribunal de Cuentas y advirtió: “los momentos políticos llevan, muchas veces, a planteos públicos demagógicos”. Admitió que el tema fue tocado tangencialmente en la reunión del pasado lunes con el ministro de Economía, Jorge Jiménez, cuando evaluaron la pauta presupuestaria para el próximo año. “Jiménez acercó 40 hojas y dijo que eran simples errores contables. De ser así, no deben tener ningún temor. Muchas veces, la urgencia nos obliga a obviar las cuestiones burocráticas. No puedo concebir que los planes ‘El hambre más urgente’ o de tabaco no se hayan ejecutado, porque nadie se quejó. Creo que se cumplieron, aunque puede no haberse hecho bien desde lo administrativo”, puntualizó el peronista. Dijo que su objetivo es que, por primera vez en 36 años, se emita dictamen parlamentario en cualquier sentido sobre la ejecución de 2005.
“Tucumán es provincia piloto en el país en implementar una nueva metodología de asiento de cuentas, con mayor celeridad, transparencia y seguridad, con un sistema de cómputos para que cualquier persona controle y realice un seguimiento de sus expedientes”, aclaró.
Juri Debo admitió que Jiménez les pidió que respeten todos los números del proyecto del PE (“fueron fijados por José Alperovich”, dijo), pero señaló que sólo se lo hará en términos globales totales. Destacó que el presupuesto de la Legislatura (rondará entre $ 160 y $ 170 millones), saldrá de una partida reservada para atender desequilibrios.
“También vamos a cubrir algunas obras que los legisladores pidan, el Ente Provincial de Cultura que no estaba previsto, y aumentos salariales; los recursos podrían salir de algunas reparticiones que tienen bastante. Reconozco que las más cuestionadas son las partidas de las secretarías de Prensa y Difusión ($ 13,4 millones) y General de la Gobernación ($ 54,4 millones); cuando yo estaba en esta última dispuse de $ 12 millones y era impresionante el monto”, opinó.







