No se respetan los plazos que fija la Constitución

El nuevo texto de la Constitución provincial celebra hoy seis meses de vida, en un marco de numerosos incumplimientos a los plazos que establecieron los convencionales constituyentes para que se dictaran leyes reglamentarias que hicieran efectivos los institutos que fueron creados.
Según los términos de la modificada Carta Magna, que entró en vigencia el pasado 6 de junio, antes de que termine la jornada de hoy debería estar dictada una ley que reglamente el procedimiento a seguir para efectuar presentaciones ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura y ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Justamente, el digesto fija que el proceso de destitución por vía legislativa sólo se reserva al gobernador, al vice, a los magistrados de la Corte Suprema, al ministro fiscal, a los vocales del Tribunal de Cuentas y al defensor del pueblo. Y determina que para acusar y, luego, para destituir a los titulares del Ejecutivo y del Legislativo, se necesitan más votos que para los otros casos.
Antes, este sistema era aplicable a todos los miembros del Poder Judicial, y en igualdad de condiciones con los integrantes de los poderes políticos. Ahora, la conducta de defensores, fiscales, jueces y camaristas será analizada por un jurado de enjuiciamiento. Lo integrarán cinco legisladores, un funcionario de Casa de Gobierno, un miembro de la Corte y un representante de los abogados, electo por sorteo.
Pero este instituto no pudo conformarse aún porque está objetado judicialmente por el Colegio de Abogados. Un recurso admitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo frena su integración y la del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Este debe recomendar al Ejecutivo los candidatos a cubrir vacantes judiciales, y su conformación será decidida por el Gobierno. Precisamente, los reformadores pautaron que el PE, “en el plazo de seis meses de sancionada esta Constitución, reglamentará la creación y funcionamiento del CAM”.

Retraso
También se ha incurrido en mora respecto del mandato constitucional, sin que puedan alegarse resoluciones judiciales como excusa. El caso más patente es el del “Régimen Electoral y de los Partidos Políticos”. La Cámara debió haber reglamentado por ley el nuevo sistema comicial el 4 de octubre pasado, cuando se cumplieron los 120 días de plazo establecidos por la Constitución. Aún no hay una norma que reemplace a la Ley de Lemas, derogada el 15 de setiembre de 2004.
“La Legislatura deberá dictar la Ley de Acefalía dentro de los 120 días de sancionada la presente Constitución”, dice el artículo 163, que tampoco fue acatado.

En forma, sin tiempo
El Poder Legislativo sí cumplió con el artículo 145, que corresponde a la Sección VIII de la Carta Magna: “Educación y Cultura”.
Esa norma pauta los valores que el Estado debe promover y defender en esta materia, y determina que, a esos fines, “se creará por ley un ente cultural”. No pone para ello ningún plazo. Curiosamente, la Cámara ya dio efectivo cumplimiento a ese mandato: el 23 de noviembre creó el Ente Provincial de Cultura.


Los legisladores tendrán una deuda pendiente con la Constitución provincial si celebran la llegada del Año Nuevo sin haber sancionado la ley que reglamente la aplicación del voto electrónico en Tucumán. Esa norma debe ser aprobada, según la Carta Magna, “antes de la finalización de 2006”. Eso no significará que será instrumentado de manera inmediata. Según el artículo 157 (es una disposición transitoria), el sistema de votación electrónica se aplicará en forma progresiva, “según lo permitan las exigencias técnicas y económicas que su ejecución demande”. Mientras tanto, se mantiene el mecanismo actual, con urnas, sobres y boletas.


En el segundo párrafo del artículo 132, el nuevo texto de la Carta Magna provincial consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios. “Podrán dictar su Carta Orgánica mediante una Convención convocada por el intendente, en virtud de una norma dictada por la Legislatura”, establece el texto reformado. En la sección décima, donde se establecen las disposiciones transitorias, el artículo 165 determina que la correspondiente ley reglamentaria deberá ser aprobada antes de la finalización del segundo período de sesiones ordinarias de 2007, que se extiende hasta el 31 de diciembre.


La mora parlamentaria respecto de mandatos constitucionales no es privativa de Tucumán. La Constitución nacional también establece institutos que, transcurridos más de 12 años desde su promulgación, aún no fueron creados. Un caso concreto es el de la comisión bicameral permanente que debía estudiar cada decreto de necesidad y urgencia, entrevistar al jefe de Gabinete al respecto y emitir un despacho a los 10 días de dictada la norma. Tampoco se dictó la ley-convenio que, según el inciso 2 del artículo 75, debía instituir regímenes de coparticipación federal de impuesto, mediante acuerdos entre la Nación y las provincias. Debía ser equitativa, solidaria y priorizar el desarrollo.