Fuertes críticas a los procesamientos dictados por Racedo

Los seis imputados por la “causa Borquez” dedujeron recursos de apelación -y nulidad en algunos casos- contra la sentencia por medio de la cual el juez federal subrogante Mario Racedo dispuso el procesamiento de todos ellos, bajo diferentes figuras penales.
Agustín Ferrari, defensor del abogado Daniel Martín, cuestionó la resolución. “La sentencia cuestionada omitió considerar elementos de prueba y, en cuanto a su construcción jurídica, la valoración de elementos de cargo resulta arbitraria por haberse apartado de los criterios de valoración impuestos al juzgador”, manifestó.
En el mismo sentido se pronunció Luis Acosta, por la defensa del letrado Alfredo Ducca. “Colocó a mi defendido como presunto autor o partícipe de hechos en los cuales no intervino o desconocía y, respecto de los cuales, por ende, no debe responder. Esto violenta el principio interpretativo de la sana crítica racional”, afirmó.
A Martín y a Ducca los procesaron por haberlos considerado presuntos coautores de defraudación contra el fisco (con títulos públicos) en grado de tentativa y de uso de instrumento privado falsificado, así como presuntos partícipes necesarios de una falsificación ideológica de instrumento público. Respecto del segundo cargo, Acosta expresó: “no fue intimado (por él) en ocasión de haber prestado declaración indagatoria, lo que rompe con el principio de congruencia que debe existir entre el acto de la indagatoria y el procesamiento”.
Acosta también apeló el embargo por $ 500.000, que fue dispuesto contra los bienes de su defendido. “Este monto es elevado en atención a que no existió daño patrimonial al Estado”, argumentó.
El viernes ya había planteado el recurso el destituido juez federal Felipe Terán, a quien también lo procesaron y, en su caso, ordenaron un embargo de bienes hasta cubrir la suma de $ 700.000.


En la defensa de Yolanda Borquez y de su hija, Cristina Atim, están sorprendidos. Las pericias caligráficas ordenadas por el juez subrogante Mario Racedo determinaron que, salvo en un caso, el resto de las firmas existentes en la causa, incluida la que figura en la demanda con la que fue abierto el expediente contra el Estado, no fueron hechas por Borquez. “Sin embargo, con gran sorpresa, prescinde en su sentencia (la que dispuso el procesamiento de ambas mujeres) merituar esta prueba de gran relevancia, violando el principio de congruencia”, aseguraron los abogados César Merlo y Juan Carlos Malek en el escrito por medio del cual recurrieron el procesamiento. Agregaron: “de la concatenación de las diferentes pruebas aportadas a la instrucción surge sin hesitar que la autoría, manejo y tramitación de la causa es atribuible a la actividad exclusiva y excluyente de los letrados Daniel Martín y Alfredo Ducca”. También cuestionaron el embargo de $ 500.000 dispuesto sobre los bienes de ambas mujeres. Lo consideraron desmedido y exorbitante.